La decisión que acaban de tomar los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar -UPC- de excluir de este órgano colegiado la representación del Gobernador del Cesar, no debe tomarse como una retaliación contra el actual mandatario de los cesarenses, ni debe atizarse con los comentarios mal intencionados de los amigos del gobernador.
Por el contrario, se debe recibir como una medida sana que ayudará a la Universidad y que la pondrá al nivel de otras universidades nacionales, como es su naturaleza, caso Universidad Nacional, donde preside el Consejo Superior la Ministra de Educación o su delegado.
Más allá de recibir la decisión como equivocada o inoportuna, o con reserva como lo expresó el rector Jesualdo Hernández, tal vez pensando en que perderá el apoyo económico y político del gobernador Luis Alberto Monsalvo, se debe mirar desde la oportunidad de buscar garantías para que la UPC tenga autonomía universitaria, para que las acciones de la política partidista no interfieran los asuntos administrativos y académicos de la universidad, especialmente las del orden nacional, cuyo ejemplo palpable -como ya lo dijimos- es la UniNacional en la que no tiene asiento ni el gobernador de Cundinanarca ni el alcalde de Bogotá.
