La transparencia del proceso electoral

A pesar de ser una de las democracias más antiguas y sólidas de América Latina, admirada por muchos otros países de la Región; el sistema electoral colombiano presenta todavía muchas fallas y vacíos – de carácter legal, técnico y organizativo, entre otros- que lo hacen muy vulnerable a la acción de los delincuentes, principalmente de los políticos corruptos, y esto le resta confiabilidad y transparencia.
De allí que sean bienvenidas, pero quizás no suficientes, todas las medidas de precaución que el Estado, los partidos y el resto de la sociedad civil puedan adoptar con el fin de buscar darle la mayor transparencia, confiabilidad y eficiencia, al sistema y al proceso electoral que deberá cumplir el país para escoger a los alcaldes, gobernadores, concejales y diputados, el próximo 30 de octubre.
Y es bien cierto el presupuesto del cual parte el gobierno, en el sentido que muchos de los fraudes, malos manejos e irregularidades se presentan desde el mismo proceso de inscripción, que se abrió desde el pasado 23 de febrero e irá hasta el próximo 22 de mayo.  En efecto, delitos como la trashumancia, la preventa del voto, entre otros, se comienzan a fraguar con esa increíble anticipación.
En el caso del departamento del Cesar, aunque nos duela admitirlo, está entre los grupos de alto riesgo de trashumancia electoral, suplantación de votantes y alteración de documentos en todo el proceso, según lo han señalado informes de la Registraduría Nacional del Estado Civil y del propio Ministerio del Interior y de Justicia.
Lo más grave y preocupante del sistema electoral colombiano es que no sólo se trata de garantizar el ejercicio libre del derecho al sufragio y que ganen, como debe ser, los escogidos por la voluntad del pueblo, sino de evitar que grupos armados ilegales, llámese guerrilla, narcotráfico, o ahora las famosas bandas criminales, interfieran en ese sistema y se apropien del poder y – en consecuencia- del manejo de los recursos públicos, en distintos municipios y departamentos del país, incluyendo, reiteramos, el atractivo de varias poblaciones del departamento del Cesar y también de la Guajira.
El botín de oro, en nuestro caso, siguen siendo las regalías, por ahora, que han sido – en buena parte- fuente de ineficiencia y corrupción. De allí la gran trascendencia de adoptar todas las medidas de precaución posible.
Pero, en este tema, es muchísima la responsabilidad que tienen los directivos de los partidos y movimientos políticos, que deben no sólo ceñirse al cumplimiento de la Constitución y la Ley, sino dar ejemplo al momento de dar avales a sus candidatos a los distintos cargos de elección y a las corporaciones públicas municipales y departamentales.
No toda la responsabilidad es del Estado. En este tema es fundamental, el sincero compromiso de seleccionar candidatos honestos, probos, eficientes y comprometidos con las causas populares, y no a los amigos, familiares o a aquellos que tienen poderosas chequeras con capacidad de distorsionar la voluntad popular, como lo advirtió en el caso del Cesar, el ex procurador General, Edgardo Maya Villazón.
Y seamos realistas, también la ciudadanía debe estar alerta, – desde ahora- y reconocer que tiene, igualmente, muchos compromisos y deberes con propiciar y buscar un sufragio y todo un proceso electoral libre y sincero. El ciudadano que vende su voto, pierde la autoridad moral de reclamar a los malos gobernantes o dignatarios.
Además es un deber y una obligación denunciar los actos que se consideren irregulares, como el traslado de votantes, la suplantación, la compra de votos, en dinero o en especie, el constreñimiento al elector, entre otros. También los electores pueden cometer delitos, y en este caso la ignorancia tampoco es excusa para violar la ley.
Los medios de comunicación tenemos la responsabilidad legal de ayudar al Estado, a los partidos y a la ciudadanía, para que este proceso electoral se realice de la manera más transparente posible; se trata de un ideal muy alto, quizás una ilusión, ante un sistema con tantas fallas y vacíos, pero con la colaboración de todos se puede reducir el riesgo de la comisión de esos delitos y prácticas irregulares que siguen siendo el lunar de la democracia colombiana.