La protesta de un grupo de trabajadores de la salud realizada el jueves de la semana pasada por algunas de las calles del centro de Valledupar, son un indicio de que la crisis del sector persiste y se agudiza.
Nuevamente debemos señalar la parsimonia del gobierno para afrontar el problema, uno de los más complejos y urgentes que tiene el país.
A pesar de los anuncios del ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, la falta de liquidez de las instituciones prestadoras de servicio, es decir las IPS, se mantiene y amenaza con poner en riesgo la adecuada atención de los pacientes, a pesar de la responsabilidad y paciencia de médicos, enfermeras y demás empleados del sector.
El país no se explica la demora del gobierno en nombrar en propiedad un Ministro para el ramo, que asuma, de una vez por todas, la inmensa tarea de poner orden en un sector que afronta una crisis aguda.
El sector de la salud requiere medidas urgentes que le vuelvan a dar liquidez y sirva para generar nuevamente confianza entre los distintos actores del sistema. Desde hace varios meses se ha advertido, por parte de distintas instituciones y expertos, que la falta de liquidez significa una situación calamitosa para muchos hospitales y clínicas, como también para sus talento humano, los médicos, enfermeras y otros profesionales, que se han acostumbrado a recibir sus salarios atrasados, lo que significa una gran injusticia y un alto costo financiero para estas instituciones y personas.
Se requiere, insistimos, una serie de decisiones prontas del Ministerio y de la misma Superintendencia Nacional de Salud, para volver a ponerle orden al sector, garantizar una atención mínima a los pacientes y evitar que la tutela siga siendo el mecanismo más expedito para tener acceso efectivo a estos servicios.
De nada parece que hubiera servido el llamado de atención de la Corte Constitucional y de los organismos de control, a las instituciones rectoras del sector de la salud, como también a las EPS.
Hoy nuevamente debemos llamar la atención del gobierno nacional, en particular del actual Ministerio de la Protección Social, y especialmente de la Superintendencia Nacional de Salud para que cojan el toro por los cuernos, como se dice popularmente, y afronten una situación que empeora cada día y cuyos costos económicos y riesgos en vidas es cada vez mayor.
La actitud parsimoniosa del Estado es una de las causas de la corrupción que hoy afronta el sector. Además de soluciones a los problemas de liquides, es urgente la revisión del Plan Obligatorio de Salud (POS), revisar el tema de las tarifas y recobros ante el Fosyga y fortalecer los instrumentos de inspección vigilancia y control, hoy a cargo de la Superintendencia Nacional de Salud, en coordinación, teóricamente, con las secretarías seccionales de salud.
Cuando se aproxima a cumplir un año de gestión del actual gobierno, el próximo 7 de agosto, lamentablemente tenemos que decir en el sector de la salud poco o nada se han sentido las acciones de la nueva administración y – en consecuencia- es negativo el balance.
Es urgente el nombramiento del nuevo Ministro de Salud para que asuma, insistimos, la inmensa responsabilidad de ordenar un área prioritaria de la política social y en la que está en juego, reiteramos, la vida de las miles de personas, que diariamente acuden a solicitar atención y se encuentran con los problemas antes anotados que padecen las principales clínicas y hospitales de todo el país.
