EDITORIAL

La crisis pasa su cuenta (II)

La encuesta realizada por la firma Invamer Gallup, conocida esta semana, indagó sobre la percepción del Congreso de la República, las altas cortes, entre otras instituciones. Es evidente que la crisis política generada por la reforma a la justicia originó un mayor desprestigio del Congreso de la República, por un acto irresponsable de un pequeño […]

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La encuesta realizada por la firma Invamer Gallup, conocida esta semana, indagó sobre la percepción del Congreso de la República, las altas cortes, entre otras instituciones. Es evidente que la crisis política generada por la reforma a la justicia originó un mayor desprestigio del Congreso de la República, por un acto irresponsable de un pequeño grupo de congresistas que participaron en la conciliación mencionada y que hicieron quedar mal a toda la institución y contribuyeron a aumentar su reconocido y viejo desprestigio.
En efecto, la imagen favorable del Congreso bajó del 43 al 26 por ciento, y la imagen desfavorable subió del 50 al 69 por ciento; cifras que ratifican el desprestigio del legislativo y esa es una situación que no le conviene a la democracia.
El Congreso como institución esencial del sistema político debe gozar de confianza, prestigio y credibilidad. Hasta ahora, esa corporación venía realizando una buena labor, acompañando al Presidente Santos Calderón en su gestión de gobierno, a pesar de que no ha realizado una buena tarea de control político por la coalición en Unidad Nacional en la que están la mayoría de los partidos, con excepción del Polo Democrático y otros sectores de izquierda.
El parlamento debe iniciar una tarea de recuperar su credibilidad, realizando de manera adecuada su tarea de legislar y hacerle control político al ejecutivo y mostrándole al país que lo mueven los intereses nacionales y no los intereses particulares de algunos de sus miembros. Para lograrlo requiere también una autoreforma que implique más poder legítimo a los congresistas, iniciativa del gasto y hasta poder ser embajadores y ministros, pero también mayores controles a los congresistas, instrumentos de transparencia y veeduría ciudadana y de rendición de cuentas de su gestión y sus actos. Eso le ayudaría mucho a nuestro sistema político, hoy averiado por las relaciones malsanas entre el ejecutivo y el legislativo.
También es importante comentar de la encuesta mencionada el desprestigio del sistema judicial, que hoy tiene una imagen desfavorable del 70 por ciento y favorable sólo del 26 por ciento. Estos datos confirman una gran desconfianza en la administración de justicia y de allí en parte la necesidad de una reforma a fondo para que la misma funcione de manera adecuada, oportuna y transparente, en todo el territorio nacional. Insistimos en que se requiere una reforma a la justicia, para buscar descongestionarla y dotarla de mayor transparencia  y credibilidad, y esto se puede lograr por medio de leyes y decretos, sin tener que acudir a una reforma constitucional.
Tampoco son favorables las cifras de percepción de la opinión sobre los partidos políticos, que tienen la más alta imagen desfavorable con el 73 por ciento y sólo un 22  por ciento de imagen favorable. Estas cifras son más preocupantes aún y demuestran la crisis por la que pasan los partidos y movimientos políticos en el país que también requiere una reingeniería, una profunda reforma y reflexión a su interior, teniendo en cuenta su gran responsabilidad en el funcionamiento de la democracia y nuestro sistema político.
Para todas estas instituciones, la encuesta de Invamer debe ser una señal de alarma, que debe motivar el análisis y la reflexión sobre el papel y los roles de cada una. Colombia goza de una democracia, imperfecta y con problemas, pero democracia al fin y al cabo. Pero hay que hacer cambios, hacer ajustes, para buscar una mayor eficiencia, transparencia en la relación entre la ciudadanía y sus instituciones, hoy averiadas por la crisis generada por ese lamentable intento de reforma a la justicia.

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