La bochornosa elección del Procurador General

La llegada de Alejandro Ordóñez Maldonado, abogado de orientación conservadora, a la Procuraduría General de la Nación, ha generado una gran polémica sobre la forma en que ha llevado su gestión al frente de ese cargo, en algunos temas.
Ordoñez Maldonado ha sancionado de manera ejemplar a varios funcionarios públicos y también a varios congresistas; algunos de estos fallos no han estado exentos de críticas, pero se le abona su intención de moralizar la administración pública y el manejo del Estado. No obstante, ha sido dogmático, terco y hasta grosero, en temas como la interrupción voluntaria del embarazo, los derechos de las minorías sexuales, entre otros temas, dejando reflejar su visión conservadora de la sociedad y del derecho, al igual que varios de sus colaboradores.
Y si bien  al señor Procurador General le asiste todo el derecho de defender sus ideas, sobre este y otros temas, inclusive hacer alarde de su religiosidad católica y demás, aspecto que hacen parte es de su vida privada, está en la obligación de ejercer su cargo con apego a la Constitución Política, la de 1991, que consagró un Estado Social de Derecho, y no pensando en la constitución de 1886, que era producto de una visión conservadora del Estado y la sociedad, concebida en el periodo de la regeneración. La actual Constitución consagra un Estado laico, secular, que busca reflejar una sociedad y un país diverso en muchos temas.
Una cosa es el pensamiento particular de un funcionario público, así ocupe un alto cargo, como el de Procurador General de la Nación, y otra, bien distinta, es su deber en el cumplimiento de la Constitución y las leyes que regulan el ejercicio de ese cargo. El Procurador General es el primer llamado a respetar y a hacer cumplir los fallos de la Corte Constitucional y de la Corte Suprema de Justicia.
Además, gústele o no al señor Procurador, la Constitución de 1991, es producto de una amplia Asamblea Constituyente de la cual hizo parte el M-19 y el Partido Liberal, con unas amplias mayorías de estos dos partidos, es de estirpe liberal, es garantista, es laica y secular, insistimos, y eso el está llamado a respetarlo y a hacerlo respetar.
Ordóñez Maldonado está en su derecho de aspirar a la reelección, así se lo permite la Constitución y la Ley: pero no le hace bien a su posterior gestión, al propiciar reuniones y conciliábulos con políticos, congresistas y magistrados de las altas cortes, cuando todavía no ha sido integrada la terna de la cual el Senado de la República tendría que elegir a su sucesor o reelegirlo a él. Es un espectáculo deprimente el que se le está mostrando al país, que desdice de la majestad del cargo y de la transparencia e independencia de quien debe ejercerlo.
El Procurador General no es el procurador de un Partido, el Conservador, sino que es el Procurador General de la Nación y – como tal- debe representar a todos los ciudadanos y no una determinada ideología o partido. De resultar reelegido, como se espera luego de estos reconocidos y oscuros acuerdos, su estilo y su gestión deberían ser bien distintas y – en efecto- persistir en la moralización de la administración pública, pero con una visión más progresista, menos sectaria y más incluyente de la función del Estado en la sociedad actual.
Ojalá quienes sean llamados a integrar la terna en mención, tengan unas garantías mínimas para aspirar; pero, por el contrario, todo indica que el mismo Procurador deseaba una terna de uno y – por lo visto- será complacido. Estos procedimientos podrían viciar la prevista reelección y generarle al país otra crisis institucional, como ya ha sucedido con ese mismo cargo en otras oportunidades.