Inversión, extorsiones y seguridad

La inversión es el principal componente para el funcionamiento del sistema económico capitalista. Se entiende por inversión, la compra de distintos tipos de activos, tangibles o financieros, para aumentar el acervo de capital y generar mayores utilidades. Ese es el meollo del sistema y de allí su importancia.
Los países como Colombia, que requieren más capital para desarrollar y potencializar sus economías, deben promover la inversión privada, principalmente, tanto  nacional como internacional, para buscar mayores tasas de crecimiento económico, más generación de empleo, impuestos y más desarrollo y bienestar para todos.
La lógica del sistema señala que el Estado debe brindarle condiciones adecuadas al capital privado, tanto nacional como internacional, para que aumente su inversión en el país; incrementando la capacidad instalada de las empresas, formando nuevas empresas, e incrementando de una u otra manera la capacidad del aparato productivo de producir más y de manera más eficiente.
Pues bien, desde hace mucho tiempo, en mayor o en menor proporción muchas empresas en el país, nacionales y extranjeras, como también muchas personas, se han visto en la obligación de pagar extorsiones a grupos de extrema izquierda, o de extrema derecha o a la delincuencia común, simple y llanamente. Por supuesto, que esta es una situación anómala, que debe ser corregida para evitar que por esa vía se siga financiando la delincuencia y la violencia.
Al principio de su gestión, el actual Ministro de la Defensa, Rodrigo Rivera Salazar, incurrió en la ligereza de proponer penalizar el pago de las extorsiones, planteamiento que fue duramente criticado por su falta de realismo ante la situación de muchas regiones del país.
En efecto, una cosa es Bogotá, Cali o Medellín, y otra muy diferente son las ciudades y poblaciones de provincia, y en regiones apartadas, donde muchas empresas por presión – violenta e intimidante-, han tenido que pagar extorsiones para poder operar, fabricar, transportar o distribuir y comercializar sus productos.
Aquí mismo en Valledupar, recientemente los comerciantes reconocieron que muchos de ellos son víctimas de la extorsión, en este caso por grupos al margen de la ley, aparentemente vinculados a las llamadas bandas criminales. Esta situación se ha manejado con un bajo perfil, como es lógico, pero la misma es conocida por el Ejército y la Policía Nacional.
La semana pasada, fue el propio Presidente de la República quien – a nuestro juicio- incurrió en una grave ligereza al decir que las empresas extranjeras que accedan al pago de extorsiones se tendrán que ir del país. Es comprensible que el primer mandatario haga un llamado a las empresas privadas, grandes, medianas o pequeñas, nacionales o extranjeras, en el sentido de rechazar la presión de los extorsionistas, pero de allí a asegurar que se deben ir del país hay un trecho muy grande.
Por el contrario, es al Estado, en su conjunto, principalmente a la Policía Nacional y al Ejército, al que le corresponde brindar las condiciones y garantías para la operación de las empresas, y no andar con este tipo de amenazas que a nada conducen y que – paradójicamente- generan un ambiente de mayor incertidumbre.
Las empresas privadas, nacionales o extranjeras, y de cualquier tamaño, como también los particulares de manera individual, están en la obligación de denunciar oportunamente a las autoridades sobre estas extorsiones, con valor civil y con el respectivo sigilo.  Y estas, las autoridades, con la debida contundencia atacar el tema de las extorsiones, muchas de las cuales se están haciendo desde las mismas cárceles del país y a todo tipo de empresarios y particulares.
Sólo una acción  decidida, sistemática, valiente, oportuna y coordinada, entre particulares y autoridades, se le podrá hacer frente al tema de las extorsiones, que tanto daño le causan al clima de inversión y de negocios en el país y que termina financiado el accionar de estos delincuentes y la misma violencia.