Hace una década Valledupar tenía unas finanzas debilitadas, especialmente por la baja cultura de pago de impuestos, tanto que ese acumulado de déficit fiscal, sumado a despilfarro y corrupción, llevó al municipio a buscar salidas drásticas, como la Ley 550 en la que está inmersa hoy.
Los años 2012 y 2013 registraron un comportamiento positivo del recaudo de impuesto predial y de industria y comercio, tomando una dinámica de menos a más. Mientras en el 2012 el recaudo por industria y comercio fue de $ 17.500 millones, en el 2013 superó los $ 20.000 millones; y algo similar ocurrió con el predial, de $ 14.000 millones pasó a $ 17.400 millones en las mismas vigencias.
A pesar de este avance que fortaleció la cultura de pago de los vallenatos, que generó mayor sentido de pertenencia por la ciudad con la expectativa de que a mayores recaudos más obras se esperan, hoy se corre el riesgo de retroceder los pasos con la liquidación de los impuestos 2014, hechos con base en una actualización catastral que hizo el año anterior el Instituto Geográfico Agustín Codazzi –IGAC-, que de inmediato determina la nueva base gravable para liquidar los impuestos, que de facto aumentan.
