Implicaciones de la Ley de Víctimas

Muchas implicaciones tendrá para el país, desde el punto de vista político, jurídico, económico y social, la ley de víctimas que está a punto de aprobar el Congreso de la República, a la cual lo único que le falta es poco en materia de conciliación entre la Cámara de Representantes y el Senado de la República.
La sola discusión y aprobación de la ley, iniciativa del Partido Liberal, implica el reconocimiento de un conflicto armado en el país, que ha dejado muchas víctimas, estimadas en cuatro millones de personas, y también reconocer la existencia de unos victimarios, cuya accionar ha generado profundas heridas en el tejido social de la nación.
Es tal el significado político e histórico de esta ley que el Presidente de la República, Juan Manuel Santos, considera que su aprobación y expedición, y su adecuada aplicación, obviamente, justifican su gobierno y la gestión de los actuales congresistas.
Se calcula que por medio de esta ley se podrá reparar  a unas cuatro millones de personas, se restituirán seis millones de hectáreas y su costo se estima en unos veinte billones de pesos de hoy, durante los diez años que dura su aplicación.
Algunos sectores del país aún parecen no haber comprendido el gran significado y las múltiples implicaciones que tendrá la ejecución de esta norma, que representa un cambio trascendental en el manejo del conflicto que sufre el país y ayudará, si se aplica bien, claro está, a cicatrizar las heridas que todavía aquejan a la sociedad colombiana.
Hay que reconocer la gestión del gobierno de Santos Calderón, y en particular de su Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, al lograr la aprobación de esta ley; igualmente, los méritos de senadores como Juan Fernando Cristo, del Partido Liberal, y del Congreso en su totalidad, que logró un consenso en torno al proyecto, a pesar de la oposición de sectores de la extrema derecha y también de la extrema izquierda.
Ojalá entre las víctimas se pueda incluir a los afectados por el exterminio a la Unión Patriótica, es decir que su cobertura se inicie desde 1985, como fue considerado y aprobado en el Senado de la República.
El Estado colombiano estaba en mora de reparar a las víctimas del conflicto armado que padece el país hace más de cincuenta años. Su aprobación es sólo el primer paso, ahora viene un amplio e intenso proceso de socialización, y su aplicación en beneficio de las víctimas de ese conflicto.
En este sentido, son muchos y grandes los retos que tienen el actual gobierno y el Estado, en su conjunto, para lograr una adecuada ejecución de la ley. Se requiere una institucionalidad apropiada y unos funcionarios valientes, transparentes y comprometidos con la misma, para afrontar a los sectores ilegales y legales que, agazapados, tratarán de burlar y tergiversar la correcta aplicación de la ley.
Para lograr lo anterior, se requiere, también, un gran consenso y compromiso por parte de la sociedad civil y de los sectores políticos legales, principalmente en las regiones en las cuales el conflicto ha sido más cruento y aún subsisten los problemas, y hay mayor riesgo para la buena marcha en la aplicación de la Ley.
En este orden de ideas, también a los medios de comunicación nos corresponde una gran responsabilidad social, en materia de divulgación, para su adecuada socialización, y vigilancia, hasta donde nos permite la legislación, en su adecuada interpretación y aplicación.