Implicaciones de la emergencia Económica, social y ecológica

Por fin el Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, decidió decretar la emergencia económica, social y ecológica, figura que establece la Constitución de 1991, para atender de menor manera, con mayores instrumentos, hechos tan lamentables como los que ha dejado esta tragedia consecuencia del intenso invierno, el más fuerte en Colombia en las últimas décadas.
Y decimos por fin ya que consideramos que el primer mandatario de la Nación estaba en mora de hacerlo, en vista de las terribles circunstancias que nos deja la ola invernal, en materia de personas afectadas, más de millón y medio, muertos, casas averiadas, vías destruidas, incomunicación de varias zonas del país, cultivos, pastos y ganados perdidos, etc. Los costos son billonarios, y más vale tarde que nunca, dice el adagio…
La emergencia económica, social y ecológica es una figura jurídica de la Constitución de 1991, que le permite al Presidente de la República, con la firma de todos sus ministros, declararla por un periodo hasta de treinta días, dictar decretos con fuerza de ley, destinados exclusivamente a conjurar la crisis, hacerle frente e impedir la extensión de sus efectos, según lo establecido en el artículo 215 de nuestra Carta Política. Esta figura de excepción puede extenderse hasta por noventa días, sin que sobrepase ese límite durante el año completo.
Estos decretos, según reza en la Constitución, deben referirse de manera directa y específica a la situación que ha motivado la convocatoria de la emergencia económica, social y ecológica, como en este caso. Además el Presidente puede establecer nuevos impuestos o modificar los existentes.
Consideramos que se justificaba la convocatoria de la emergencia económica, y así la habíamos solicitado varias veces en anteriores notas editoriales, por la gravedad de la situación generada por el invierno que ha afectado a tanta gente, en más de setecientos municipios, en veintiocho departamentos, incluyendo a Cundinamarca y la Sabana de Bogotá, y cuyos daños son muy, pero muy costosos y tendrá que sufragarlos el país, en su conjunto,  durante varios años.
Estamos seguros de que será necesario acudir al endeudamiento externo, en unas magnitudes que variarán la programación de crédito que tenía el gobierno y también a la ayuda internacional, ya que las necesidades son inmensas y los recursos escasos y –en estos casos- a países como Colombia no les puede dar pena salir a pedir la colaboración de la comunidad internacional.
Por supuesto, estamos confiados en que el gobierno nacional sabrá hacer un buen uso de ese Estado de excepción, y que estas normas pasarán el visto bueno del Congreso de la República, que tiene la facultad de revisarlas, como también el examen de la Corte Constitucional que deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad. Los hechos son tozudos…
Igualmente, vemos positivo que el gobierno, en particular el Ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, haya decidido crear una “sala de crisis”, para facilitar la coordinación de las labores entre los distintos niveles de gobierno y atender esta tragedia.
Pero, insistimos, en que se hace necesario nombrar a un gerente para coordinar el manejo de esta tragedia, podría ser el Vicepresidente Angelino Garzón, quien nos visita por estos días, o un Ministro, que se dedique las veinticuatro horas del día a atender todo lo relacionado con la misma: la elaboración de un censo con todos los damnificados, y con la magnitud del daño, sus costos y demás; y que coordine la ayuda interna e internacional y lidere lo que toque hacer en el corto, mediano y largo plazo, en un proceso que será, reiteramos, costoso, complejo y lento. Este invierno marcará, para bien o para mal, al gobierno de Juan Manuel Santos, e inclusive un buen manejo de la reconstrucción, paradójicamente, se puede utilizar como un instrumento de reactivación económica adicional a las famosas locomotoras que el gobierno busca poner en marcha.
Finalmente, se confirma que Colombia, al igual que otros países de América Latina, tiene que hacer un gran esfuerzo por normalizar a miles de barrios de gente pobre que, por la misma necesidad, han construido sus viviendas en zonas de alto riesgo, como las laderas de las montañas, las márgenes de los ríos, el caso de la margen derecha del río Guatapurí, por ejemplo, y hacer una reforma urbana para entregar terrenos con servicios y algunas mejoras, pero en zonas seguras. Con esta grave tragedia se confirma, nuevamente, que es mejor y más económico prevenir que curar…