El problema viene de tiempo atrás, el sector agropecuario del país está sufriendo de la falta de políticas efectivas de apoyo, que se sumaron a la situación de violencia, hasta hace poco fuera de control, y a los problemas del clima, para generar un caldo de cultivo de pobreza y abandono, en gran parte del territorio nacional.
Es paradójico, ya que Colombia tiene todas las condiciones para ser una potencia agrícola: buenas tierras, diversidad de climas y de suelos, y posibilidades, similares a las de Brasil o del Perú, guardadas las proporciones, para poner a producir alimentos y materias primas a su sector primario.
En efecto, las políticas macroeconómicas han privilegiado a los sectores de la economía urbana, en detrimento del sector rural. Es el mundo rural el que más sufre por falta de crédito, por falta de vías y de servicios sociales elementales, vivienda, educación y salud, que han motivado que buena parte de la población del campo busque venirse para las ciudades en procura de posibilidades para sobrevivir.
Es en ese sentido que hay que interpretar el S.O.S. que ha dado el gremio ganadero del país, a través del Presidente de Fedegán, José Félix Lafaurie Rivera, y de los productores del Cesar, a través del Presidente del Fondo Ganadero del Departamento, Hernán Araujo Castro.
El gremio ganadero, al igual que varios de los gremios agricultores de la región, se queja de la falta de apoyo efectivo y real del Estado, y reiteran la persistencia de problemas estructurales como la falta de vías, crédito, estímulos y garantías para invertir y generar riqueza en los campos.
Es gravísimo que el hato ganadero del departamento se haya reducido en setenta mil cabezas en los últimos meses, como consecuencias de los problemas del clima.
En nuestro concepto, durante el gobierno del Presidente Santos, no le ha ido bien a la locomotora agropecuaria. Hay una crisis institucional en el Incoder, a la cual se le ha sumado que el Ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo Salazar, ha concentrado sus esfuerzos, en buena parte, en la ley de restitución de tierras, dejando de lado el resto de las variables que condicional el sector, como el crédito oportuno, la rehabilitación de vías, la transferencia de tecnología y de instrumentos de mercadeo, que deben darle claridad a la inversión en el sector.
En el caso del departamento del Cesar, insistimos, sería bueno conocer que está haciendo la Gobernación y – en particular- el Secretario de Agricultura, Carlos Muñoz Pérez, para atender estos reclamos de los ganaderos y de los agricultores, que son los sectores que están llamados a propiciar un desarrollo sostenible del departamento, que nada o muy poco se ha beneficiado de la explotación minera.
La Secretaría de Agricultura es la encargada de canalizar estas inquietudes y articular las políticas nacionales con los instrumentos a su alcance para ayudarle al sector, que hoy padece una crisis estructural y – quizás- la más grave de su historia luego de superados los problemas de violencia por todos conocidos. Se requiere una Secretaría dinámica y que abogue por nuestros productores ante las instancias del alto gobierno y el sistema financiero en Bogotá.
En ese orden de ideas, tiene razón Araujo Castro cuando plantea que se requiere del esfuerzo conjunto de la Gobernación, las Alcaldías del Cesar y los congresistas, para que Bogotá escuche las quejas del departamento del Cesar, que está llamado a ser líder del desarrollo agropecuario de la Nación. Hoy nuevamente hacemos eco a este llamado para evitar que vuelva la desolación a nuestros campos y siga la migración de la gente de las fincas a las ciudades, a llenar las calles de desempleados y más personas en el rebusque y en la delincuencia por la falta de atención real y efectiva al sector rural del Cesar.
