Hace seis años fue sancionada la Ley 1257, que pretendía disminuir la violencia contra las mujeres, en sus distintas formas. Es una ley que otorgó las herramientas jurídicas a las mujeres violentadas y a los funcionarios del sistema judicial colombiano para lograr este fin. Hoy, cuando se conmemora el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer, es lamentable decir que esta Ley es letra muerta en el país, especialmente en el Cesar donde se registran altos índices de violencia.
Las cosas no han cambiado en los últimos cuatro años para las mujeres cesarenses. Las cifras oficiales muestran unas cifras desalentadoras, con eso es suficiente para reafirmar que la violencia sigue ante la inercia de las instituciones que deben hacer valer la ley. Los olvidos de las autoridades cesarenses son varios: no aplican la ley, no muestran interés por activar y mantener la Ruta de Atención que debe ofrecer protección, orientación y apoyo a las mujeres en estado de vulnerabilidad, por lo que muchas terminan asesinadas; y el peor, tal vez el más grave olvido, es que no preparan a los funcionarios para que sepan cómo actuar cuando llega a sus manos un caso de violencia.
