Hace diez años fue aprobada por el Congreso de la República y sancionada por el presidente Andrés Pastrana la Ley 731 de 2002 para mejorar la calidad de vida de las mujeres rurales, priorizando las de bajos recursos, y consagrar medidas específicas encaminadas a acelerar la equidad entre el hombre y la mujer rural.
Hoy sólo seis artículos de los 34 que integran esta Ley están reglamentados. Son letra muerta que después de esta década sigue en el papel, dejando en el olvido a la mujer rural colombiana, con evidentes rastros en el Cesar. Las cifras son contundentes, por no decir que desoladoras, y confirman la paquidermia del Estado para atender una población específica que con sólo un ‘empujón’ puede aportar de manera significativa al Producto Interno Bruto.
De acuerdo con datos del Departamento Nacional de Planeación, PNUD y Contraloría General de la República, el 32% de las mujeres en Colombia son rurales y de éstas el 53% está en condiciones de pobreza y ganan el 41% de ingresos menos que los hombres. Otro dato deprimente es que del 20% de los créditos agropecuarios aprobados a los pequeños productores, el 7,5% benefició a familias campesinas y solo un 0,27% fue para las mujeres rurales. Históricamente las mujeres rurales no han sido consultadas durante la construcción de las políticas públicas agropecuarias.
