El microcrédito, entre el negocio y la política social

El microcrédito es, sin lugar a dudas, un importante instrumento para democratizar la economía, al brindarle acceso a recursos financieros a sectores económicos, famiempresas, microempresas y personas que – de otra manera- no tendrían acceso al sistema financiero.
Mucho se ha avanzado en los países del llamado tercer mundo para fomentar el microcrédito, incluyendo obviamente a América Latina. Varios países de la región muestran un avance importante en esa materia y este es una herramienta clave para la profundización bancaria, como se conoce al fenómeno de expansión de los servicios de este sector.
En Colombia algo se ha avanzado, pero falta mucho por hacer para llevar los servicios financieros y principalmente el crédito a los sectores más pobres, los más necesitados y específicamente a las pequeñas y medianas empresas.
Ahora, se ha presentado un debate a raíz de un proyecto de Ley liderado por el Senador Conservador, Efraín Cepeda, que busca establecer por ley un monto de asignación de créditos por parte de los bancos.
El objetivo del proyecto es que los bancos presten en microcrédito, a negocios, familias y personas, el 15 por ciento de sus captaciones, según se ha conocido sobre el proyecto. Esto representaría prestar, de manera obligatoria, unos 30 billones de pesos a unas ocho millones de clientes, algunos de ellos nuevos para el sistema.
Lo primero que hay que advertir es que son buenas las intenciones del proyecto del Senador Cepeda, identificado con el número 096 de 2011 en el Senado. Además, se trata de un Senador de origen costeño a quien conocemos como una persona seria.  También hay que insistir en la necesidad de buscar una estimulación a la democratización del crédito, en todo el país, entre sectores y también entre regiones, etc.
Sin embargo, la iniciativa tendría que realizarse con recursos oficiales y un gran respaldo del Estado; pero nos parece peligroso y hasta populista hacerlo con recursos del público, es decir de la gente, de la sociedad colombiana, por decreto, ya que esto representa una injerencia del Estado en un negocio, y además se pone en riesgo el ahorro del público.
Desde estas páginas hemos abogado por la democratización del crédito, y hemos defendido las bondades del microcrédito, pero consideramos que este tema debe ser ampliamente discutido, ya que se trata de la regulación del ahorro que es un bien del público y cuya custodia y buen manejo tienen los bancos, que son quienes tienen los instrumentos y la facultad para analizar el riesgo y la capacidad de pago de las empresas, negocios, familias y personas del país.
No se trata de defender la posición de Asobancaria, uno de los gremios más importantes del sector financiero en el país, sino de fijar una posición sobre un proyecto de ley que pondría en serio riesgo la viabilidad del sistema financiero del país, a  menos que se haga, reiteramos, con recursos del Estado y con adecuados mecanismos de regulación, supervisión, garantía y aseguramiento de los mismos.
La democratización del crédito es necesaria, muchas empresas y familias requieren entrar al sector financiero para poder crecer, generar más riqueza y desarrollo; pero ese ideal, en materia económica, no se puede lograr así, de la noche a la mañana, obligando a los bancos que son empresas privadas a que pongan en riesgo los recursos (el ahorro) que son del público, es decir de todos los colombianos.