EL desangre del sector salud

Definitivamente, Colombia es un país muy particular, en el que se puede afirmar que todo pasa, pero no pasa nada. Y no se trata de un juego de palabras. En efecto, en el tema de la corrupción, para citar solo un ejemplo, no acabamos de salir del escándalo sobre el Programa Agro Ingreso Seguro (AIS), cuando entramos al llamado “carrusel” de la contratación de los Nule, principalmente en Bogotá, pero también con muchos contratos en el resto del país; y ahora estalla un escándalo de corrupción en el sector de la salud.
El fenómeno de la corrupción es viejo y crónico en Colombia. Hace parte de nuestra economía subterránea y es un instrumento para la financiación de muchas campañas políticas. Se habla de billones de pesos, pero, obviamente, nadie tiene cifras aproximadas del problema, estas se determinan como un porcentaje de la contratación con el Estado.
Lo más grave en el caso del sector de la salud es que estos recursos económicos pueden representar la diferencia entre la vida y la muerte de una persona, por cuanto al no llegar los recursos financieros oportunamente a los hospitales y las clínicas, es decir las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ya que a estas, las EPS, Empresas Promotoras de Servicios de Salud, debido a los retrasos en los pagos del Estado y del Fosyga, se afecta la calidad y la oportunidad en la prestación de los servicios.
De allí que las denuncias hechas por el propio Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, al lado de la Contralora General de la República, Sandra Morelli, la Fiscal General de la Nación, Viviane Morales Hoyos, la viceprocuradora General de la Nación, Martha Isabel Castañeda Curvelo, el Ministro de la Protección Social Mauricio Santamaría y hasta el Director General de la Policía, General Oscar Naranjo,  sean de una gravedad enorme.
Desde hace varios años, era un secreto a voces la corrupción en el Sistema General de Seguridad Social en Salud de Colombia, que maneja muchísima plata, billones de pesos, producto de los aportes de los afiliados del régimen contributivo, de recursos oficiales para subsidio, entre otras fuentes. Lo denunciado, hasta ahora, debe ser la punta del iceberg, como se dice popularmente.
El sistema en su estructura presenta deficiencias que facilitan la corrupción, como es el caso de las bases de datos de aportantes. Además, la falta de claridad sobre los medicamentos incluidos en el Plan Obligatorio de Salud (POS), las miles de tutelas y situaciones de negación de acceso al servicio, inclusive el mismo SOAT, han sido fuente de problemas de corrupción e ineficiencia que mueven miles de millones de pesos.
Estas denuncias y sus respectivas investigaciones deben ir hasta sus últimas consecuencias, y deben llegar a nivel de los entes territoriales, departamentos y municipios, donde también hay el mismo caldo de cultivo que facilita la corrupción que hoy afecta al sector de la salud. La lucha contra la corrupción debe ser si tregua en todos los sectores, pero con mayor razón en este donde, insistimos, se está jugando con la vida de miles de usuarios.
En este caso, en particular, se requiere del apoyo decidido del sector privado, EPS e IPS, para luchar contra el flagelo de la corrupción en el sector de la salud. Igualmente de la colaboración del personal médico y paramédico, y de la misma comunidad, los usuarios, que deben denunciar todas las irregularidades que vean, no solo en materia de atención sino también sobre contratación, compra de insumos y medicamentos. En ningún otro sector, quizás, como el de la salud sea más cierto esa colaboración de todos los actores del sector para lograr un manejo transparente y eficiente de los mismos, para evitar el deterioro del sistema, principalmente en materia de calidad y oportunidad de los servicios.