Uno de los principales logros de la política económica del Estado Colombiano en los últimos años ha sido el haber bajado, de manera sustancial, la tasa de inflación, o como se conoce en el argot popular: el costo de vida.
En efecto, durante las últimas décadas del siglo pasado, Colombia se caracterizó por ser un caso único en el mundo de inflación moderada, pero persistente, con índices que se mantenía en un rango entre el 30 y el 10 por ciento anual, y dependiendo de ese mismo comportamiento actuaban las autoridades económicas con una mayor austeridad o flexibilidad, según el caso.
Son muchos los expertos que consideran que buena parte de ese logro de la economía colombiana, de bajar la inflación a índices de un sólo dígito, y por debajo del 5 y del 4 por ciento, en los últimos años, se debe, en buena parte, al hecho de contar con una autoridad monetaria independiente y autónoma del gobierno nacional, consagrada en la Junta Directiva del Banco de la República, según lo estableció la Constitución Política de 1991.
Y así ha sucedido, a pesar de que los últimos gobiernos, y principalmente el de Álvaro Uribe Vélez, el gobierno nacional no ha contribuido al mismo logro con la austeridad necesaria en materia de política fiscal, como hubiese sido lo ideal en una política macroeconómica armónica y coherente.
No obstante lo anterior, ese gran logro de contar con una inflación, que en 2010 fue de 3,5 por ciento, en promedio, se puede perder por varios factores. En primer lugar, el fuerte invierno que azotó al país, y del cual muchas zonas aún no se han repuesto, afectó la producción de alimentos y también las vías por las cuales se distribuyen los mismos a los sitios de mayor consumo.
A lo anterior, hay que sumarle, también, los efectos del paro camionero, que –entre sus múltiples consecuencias- generó problemas en la oferta de alimentos y otros productos básicos de la canasta familiar, efectos que se sentirán en la tasa de inflación de febrero.
Y para rematar ahora, los problemas políticos en el Medio Oriente, primero con la crisis política en Egipto, que llevó a la caída del Presidente Hosni Mubarak, y ahora la crisis política en Libia, un importante productor de petróleo, han generado, entre otras consecuencias, un aumento considerable en los precios del petróleo, de 82 dólares a 100 dólares por barril, escenario que plantea un serio dilema al gobierno nacional que, seguramente, culminará en un aumento sustancial en los precios de la gasolina y otros combustibles en el país.
Ante ese panorama inminente de un aumento en la inflación, principalmente por alimentos y combustibles, fenómenos en parte estacionales, la Junta Directiva del Banco de la República, en su sesión del día de ayer decidió aumentar en 0,25, o veinticinco puntos básicos como se dice en la jerga de los técnicos, sus tasas de interés de intervención de expansión, de 3,0 a 3,25 por ciento, la tasa a la cual se le presta a los bancos comerciales cuando requieren liquidez.
Con esa decisión el Banco ratifica que son altos los riesgos de un aumento de la tasa de inflación, cuyo margen la misma Junta fijó para este año, en un rango entre el 2 y el 4 por ciento, pero también envía un mensaje a los mercados financieros y al país en el sentido en que se hará todo lo necesario para defender ese rango de inflación, y ese activo que tiene la política económica nacional de haberla reducido drásticamente.
El aumento de las tasas de interés a los bancos, tendrá sus efectos, obviamente, en las tasas de interés de estos (los bancos) a las empresas y a las familias. Sin lugar a dudas, la Junta debe tener muchos argumentos de carácter técnico para adoptar la decisión en mención; no obstante, no sobra advertir que el expediente de subir las tasas de interés, para contender un fenómeno inflacionario que puede ser temporal, tiene sus costos en materia de menor crecimiento económico, por sus efectos sobre la demanda agregada.
Y en una economía que requiere tasas más altas de crecimiento económico, para reducir el desempleo y la pobreza, hay que sopesar – muy bien- que los costos de reducir esa inflación no sean mayores que los beneficios en materia de menor crecimiento económico. No son nada fáciles los dilemas que tiene la Junta del Banco y el resto de las autoridades económicas para conducir al país a escenarios de una inflación controlada, pero con una buena tasa de crecimiento económico, estimada por el gobierno en 5 por ciento para el presente año.
