La encuesta de la revista Semana y los canales de radio de RCN y RCN televisión, confirma lo que se ha convertido en una verdad de a puño en Colombia: una gran desconfianza de la ciudadanía en sus instituciones.
No obstante lo anterior, las Fuerzas Militares, en general, salen bien libradas, ya que aparecen como la institución nacional con mejor imagen, por encima de la Policía Nacional, la Iglesia Católica, los medios de comunicación, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, entre otras.
Ese estudio de opinión, demuestra que las FFMM y – en especial- el Ejército Nacional gozan del aprecio de los colombianos, que reconocen su valor, su trabajo y su tesón en la defensa del sistema democrático que nos rige.
Hechos como el ocurrido en el Cauca, donde un grupo de oficiales y soldados prefirieron llorar antes que acudir a la fuerza para poner en orden a un grupo de indígenas casi en desobediencia civil, en lugar de hablar mal del Ejército lo que demostró es que se trata de un organismo que ha avanzado en materia de respeto a los derechos humanos y tácticas para atender este tipo de desórdenes.
Sin embargo, hechos como el robo de 487 millones de pesos al interior de una guarnición militar, como el Batallón La Popa de Valledupar, como lo conocemos popularmente, desdicen de la buena imagen de esa institución y – lamentablemente- se prestan para todo tipo de suspicacia e interpretaciones. Sin bien se puede suponer que donde hay dinero, hay amigos de lo ajeno; no es muy eficiente que en las mismas instalaciones militares se guarde una gruesa suma de dinero, destinada al pago de la nómina de algunos oficiales y soldados profesionales, cuando estos recursos podrían estar perfectamente en una entidad bancaria, que es el mecanismo más eficiente para pagar al personal en cualquier organización.
Además del hecho mismo, lamentable y absurdo; también es pertinente criticar el manejo que los altos oficiales radicados en Valledupar le dieron a la comunicación del hecho, tratando de minimizarlo y haciéndolo pasar como un asunto interno.
Nada más alejado de la realidad. En primer lugar, se trata de recursos públicos y estos deben ser manejados y cuidados con el mayor celo. Y en segundo término, los medios de comunicación estamos en la obligación de informar a la ciudadanía sobre lo ocurrido, y lo más conveniente y lógico en estos casos es que las fuentes cuenten toda la verdad y – oportunamente- para evitar, precisamente, las suspicacias que se puedan generar.
Igualmente lamentable, es lo ocurrido en la Dirección Regional del Sena Cesar, donde también se conoció de un desfalco que oficialmente se ha informado es de $400 millones de pesos, pero de manera extraoficial se ha conocido que puede tratarse de una suma aproximada a los $1.000 millones y de un robo sistemático y realizado desde hace varios meses.
Los dos casos, reiteramos, demuestran que a pesar de todos los controles y todas las veedurías, en algunas instituciones los dineros del Estado se manejan como si fueran recursos privados y plata de bolsillo. Ojalá en estos dos casos las instituciones y los funcionarios al frente de las mismas informen a los medios las cosas como son, sin omitir detalles, y los organismos de control, Contraloría y Procuraduría, y la Fiscalía General, actúen de manera rápida y eficiente, buscando establecer quienes fueron los responsables y también resarcir el daño al erario. Ya la gente está cansada de que se conocen estos casos, se informa de los mismos y se produce un escándalo, pero luego se olvida el asunto y no aparecen ni los responsables ni la plata. Esperamos y estaremos atentos a que esta vez no pase lo mismo.
