El viernes de la semana pasada, la noticia de la muerte de alias Alfonso Cano, máximo jefe de las FARC, opacó un hecho tanto o más trascendental que la misma muerte del legendario guerrillero marxista: la gran reforma del Estado planteada por el gobierno del Presidente Juan Manuel Santos.
En efecto, mientras el país conocía por radio y televisión los detalles de la muerte de Cano, en las montañas del Cauca; el Presidente de la República expidió 84 decretos, en uso de facultades extraordinarias concedidas por el Congreso de la República, en los cuales prácticamente se perfila una nueva estructura de la rama ejecutiva del Estado colombiano, sólo comparable a la reforma de Carlos Lleras Restrepo, en 1968.
En primer lugar, se crean tres nuevos ministerios que habían sido suprimidos durante el gobierno de Álvaro Uribe Vélez: son los de Justicia; Vivienda, Ciudad y Territorio; y el del Trabajo.
Adicionalmente, crea tres nuevos departamentos administrativos, que en la institucionalidad colombiana tienen un perfil técnico pero el mismo rango que un ministerio. Son: el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social, la Dirección Nacional de Inteligencia y Coldeportes, que antes era un instituto.
Se crean, igualmente, varias unidades administrativas especiales: la Agencia Nacional Minera; la Agencia Nacional de Infraestructura, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, la Agencia de Parques Nacionales Naturales, la Unidad de Servicios Penitenciarios, la Agencia Colombiana para la Reintegración; la Agencia de Cooperación Internacional, entre otros cambios.
Y como si lo anterior fuera poco, se crea la Unidad de Regulación Financiera, la Unidad de Protección (una tarea que antes tenía el DAS); la Financiera de Desarrollo Nacional, Colombia Compra Eficiente; Grupo Empresarial de Defensa, Coljuegos, manejará la supervisión de juegos de suerte y azar que antes realizaba Etesa y crea un Sistema Nacional de Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario. Estos son sólo algunos de los cambios conocidos hasta ahora, por medio de los decretos se ordena la liquidación varias entidades y fusionar otras.
Los cambios, que involucran a varios sectores de la economía y la vida nacional, son de tal magnitud que hasta ahora el país no los ha digerido, y – por el contrario- apenas se han conocido, pero sin duda desde ya es objeto de un análisis a fondo por parte de abogados, economistas, sociólogos, políticos y administradores públicos, y otros sectores interesados en el tema de la políticas públicas.
En estas normas, Santos Calderón plasma su visión del Estado, aquella que presentó al país desde su Fundación Buen Gobierno, y también su visión ecléctica de la economía, la misma que le facilitó escribir un libro a cuatro manos con Tony Blair, el primer ministro inglés, y trabajar en gobiernos tanto de ideología conservadora como de pensamiento liberal.
Sin duda, se trata de cambios bien intencionados. Compartimos plenamente el resurgimiento de los ministerios, que no debieron dejar de existir.
No se puede dudar de la buena intención de la reforma, ni más faltaba; sin embargo, nos preguntamos cuanto costarán, anualmente, estas nuevas entidades y si muchas de las tareas que van a realizar no estaban ya asignadas a entidades ya existentes. Sería bueno que el gobierno divulgara los cambios y también sus objetivos y sus costos. Sin duda se trata de un estado más grande e interventor, ojalá este se refleje en una mejor calidad de la administración, en mayor eficiencia y que los logros y beneficios justifiquen con creces sus costos. Por lo pronto, invitamos al análisis y el debate sobre esta trascendental reforma que si duda marcará la huella de la administración de Santos Calderón.
