Algunos temas urgentes entre el Gobierno y el Congreso

El fracaso de la reforma a la justicia, por medio de una reforma constitucional, parece que hubiera dejado aturdido o “turuleto”, como se dice popularmente, al Presidente de la República, Juan Manuel Santos Calderón, y – en general- al gobierno nacional.
Lo que sucedió en el Congreso de la República, en lo cual tienen su gran responsabilidad el ejecutivo y las altas cortes, no se puede olvidar, claro que no, y tiene que seguir su curso en materia de investigaciones de carácter disciplinario y fiscal, si es del caso, además del referendo que sigue ganando espacio y apoyo popular. Pero el gobierno debe seguir y son muchos y complejos los temas pendientes y que exigen un esfuerzo y un trabajo serio y denodado del ejecutivo y del legislativo.
En primer término, está el tema de reforma tributaria. No tiene presentación que luego de trabajar durante varios meses, casi un año, en un proyecto de reforma al Estatuto Tributario, que compila los impuestos nacionales, los que administra la DIAN, como el de renta y el IVA, entre otros, ahora se diga que no hay ambiente para acudir al Congreso de la República, como consecuencia del clima político generado por la fracasada reforma.
El Estado no puede seguir concediéndole unos excesivos e injustificados beneficios tributarios a unos sectores que no los requieren y cuando ya no se justifica, desde el punto de vista de la equidad y la eficiencia tributaria. Estos son privilegios injustos y que no tiene ninguna racionalidad económica, como bien lo han señalado expertos desde distintas orillas, como Guillermo Perry Rubio, José Antonio Ocampo y el Rudolf Hommes Rodríguez.
Adicionalmente, está el tema de la famosa agenda interna para apurar la preparación frente al TLC (Tratado de Libre Comercio). El país está en mora de realizar una serie de reformas económicas y varios proyectos para darle una mayor competitividad a su sistema productivo, el retraso en carreteras, puertos, ferrocarriles y aeropuertos es un asunto que no da espera, que requiere ingentes cantidades de recursos y la inversión del sector privado, y para esto se requieren nuevas normas. A lo anterior, hay que sumarle el problema de la revaluación que está afectando la salud de muchas empresas y que también requiere atención especial, en este caso de la Junta del Banco de la República.
En la agenda social, están entre el tintero la reforma a la educación superior, aplazada luego de la protesta del movimiento estudiantil; y la reforma al sistema de salud, que está haciendo agua por todos lados y que, de no reformarse, podría colapsar en cualquier momento como se lo dirán los Alcaldes y Gobernadores al propio Presidente de la República, en una reunión programada para los primeros días de agosto.
En el área social, también está la reforma al régimen de pensiones que está pendiente desde hace varias legislaturas.
Teniendo en cuenta lo anterior, es amplia la agenda del gobierno y del Congreso, además de la tarea de control, en un momento especial para el país. A la difícil coyuntura política, agravada por la división del Partido de la U, entre Uribismo y Santismo, no se le puede sumar una actitud pasiva en el campo económico, en medio de la turbulencia internacional, y mucho menos en el área social en un gobierno que va a cumplir dos años y que tiene que comenzar a concretar muchas de sus promesas y pasar de las palabras a los hechos, para hacer gala de lo que le plateó Juan Manuel Santos al país desde su Fundación Buen Gobierno.