Una de las iniciativas más importantes de la legislatura que está por concluir es la llamada “Marco Legal para la Paz”, que ha sido objeto de un amplio debate, pero que ha estado más cargado de prejuicios y conjeturas que de argumentos contundentes, lamentablemente.
La presentación de un marco para la paz, parte de reconocer que Colombia si padece un conflicto armado, que al mismo hay que buscarle una negociación y que su prolongación en el tiempo tiene efectos políticos, económicos y sociales que no son los mejores para el país.
El marco legal para la paz es un instrumento jurídico, de rango constitucional, que le permitirá al gobierno de turno, ojalá sea al del Presidente Santos, tener elementos para negociar con los grupos alzados en armas la salida al conflicto y la búsqueda de la paz que tanto anhelan los colombianos.
Esta ha sido una iniciativa bastante controvertida por sectores de extrema derecha y de extrema izquierda, que de tiempo atrás le juegan a un agravamiento del conflicto y a una estrategia de tierra arrasada. Sin embargo, eso es desconocer que, a pesar de ocho años, dos gobiernos de la llamada política de seguridad democrática, bajo el mando de Álvaro Uribe Vélez, sirvieron para mejorar las condiciones de seguridad en el campo y en la mayoría de las regiones del país, pero la guerrilla no está acabada y todo indica, como lo hemos afirmado varias veces en estas páginas, que la sola fuerza no basta para dominarlas y someterlas. Falta el ingrediente político.
Consideramos positivo que el gobierno nacional tenga elementos jurídicos y políticos para ambientar una negociación política con los grupos alzados en armas, y en especial con las autodenominadas FARC, pero la sola aprobación de este marco legal y la reglamentación de la misma, mediante una ley estatutaria, no significa –automáticamente- un proceso de paz. Este marco legal es un requisito necesario, pero no suficiente para la negociación.
No compartimos la metáfora del Presidente Santos cuando él dice que tiene “la llave para la paz”, por cuanto la realidad histórica ha demostrado que el tema no es así de sencillo. Antes de adelantar una negociación con la guerrilla, el gobierno debe liderar un acuerdo previo con la sociedad civil, con los empresarios, con las fuerzas políticas y también con los militares, para saber ¿hasta dónde puede llegar el establecimiento en unas eventuales negociaciones de paz, y hasta donde no?.
Colombia debe aprender de su pasado reciente, y tener muy en cuenta las razones del fracaso de los procesos de negociación durante los gobiernos de Belisario Betancur, y luego con el de Andrés Pastrana; pero también recordar que los procesos durante el gobierno de Virgilio Barco y de Cesar Gaviria Trujillo, fueron exitosos y le aportaron a la paz del país.
Aprobado este instrumento jurídico se requiere que el gobierno del Presidente Santos fije con claridad su criterio sobre el tema de un proceso de negociación, para iniciarlo cuanto antes, si esa es la intención, teniendo en cuenta que ya solo le falta dos años largos de gobierno y se inicia la cuenta regresiva de su administración.
Por supuesto, que la sociedad colombiana tiene que abrirles un espacio político a algunos de estos actores armados, y algo de impunidad conlleva la salida negociada, es ingenuo considerar que no, pero es el costo que se tendrá que pagar para ponerle fin a un conflicto que lleva décadas y que ha frenado el desarrollo del país y obstaculizado la construcción de país con mayor crecimiento económico, estabilidad política, pero también con mayor inclusión y equidad social.
