Los mandatarios elegidos en el 2011, se enfrentan desde hoy con la Ley de Garantías Electorales –Ley 996 de 2005- que le pone ‘freno’ a cualquier intento de utilizar la maquinaria institucional a favor de candidatos afines con sus gobiernos. En su Artículo 38, esta Ley “impide a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital, realizar dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones, la celebración de convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni podrán igualmente participar, promover o destinar recursos públicos de las entidades que se encuentren a su cargo”.
Más claro no puede ser. Es importante que los asesores jurídicos de las alcaldías y de la Gobernación del Cesar estén más atentos que nunca para que sus mandatarios no vayan a “caer en la tentación”, puesto que las interpretaciones de la Ley a veces traicionan, tal como sucede en estos momentos con la polémica suscitada por el concepto emitido por la Procuraduría General de la Nación que advirtió al presidente Juan Manuel Santos de abstenerse de participar en eventos en los que se inauguren obras públicas.
Coincidencialmente el próximo año tendrá elecciones de Congreso y de Presidente de la República, por ello se estima que la Ley de Garantías irá hasta el 25 de mayo, en caso de que haya segunda vuelta en las presidenciables. De ahí, que el Procurador General haya prendido las alarmas al recordar enérgicamente que "no podrán hacerse convenios interadministrativos, ni de alcaldías, gobernaciones e incluso el mismo Gobierno Nacional".
