¿Otro capítulo en la guerra contra la corrupción…?

La lucha o la guerra contra la corrupción es quizás una de las frustraciones más grandes que tienen los colombianos, al igual que los habitantes de otros países de América Latina y del mundo, ya que se trata de un fenómeno universal.
Todas las semanas se escuchan nuevos escándalos de robos a las entidades públicas, y a todo nivel: nacional, departamental y municipal. Además, en las reuniones privadas, se habla de la forma descarada como tal o cual contratista y se apropia de los negocios del Estado, como se adjudican de manera amañada las licitaciones, se manejan los recursos públicos y la actitud de la gran mayoría es de indolencia frente a lo que está sucediendo.
Ahora, durante los primeros meses del gobierno de Juan Manuel Santos, se vienen a conocer detalles inéditos sobre varios casos de corrupción en el gobierno anterior, el de Álvaro Uribe Vélez, como es el caso de la Dirección Nacional de Estupefacientes, Agro Ingreso Seguro, los contratos del Grupo Nule, los casos aterradores en el sector de la salud, pero el problema es generalizado, en casi todos los sectores e – insistimos- en todos los niveles de la administración pública.
Y para ser justos no es un problema de un gobierno, ahora se conocen los ocurridos con la gestión de Uribe, pero pasó lo mismo durante el gobierno de Andrés Pastrana Arango, Ernesto Samper Pizano, Cesar Gaviria Trujillo y así sucesivamente. En realidad, es un problema estructural de la administración pública y de la sociedad colombiana. En algunos círculos, inclusive, es casi que normal hablar del diez, del quince o del veinte por ciento, a la hora de adjudicar una licitación u otorgar un contrato.
Los resultados de las famosas oficinas del Zar Anticorrupción, y de dependencias como la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, como también de las otras contralorías, son más bien pocos, escasos, frente a un monstruo que cada día pareciera crecer más y tener muchas cabezas.
De allí la gran desconfianza de la ciudadanía frente al Estado, ante la administración pública y esa desconfianza afecta la tributación: muchos temen pagar la cantidad de impuestos que deberían declarar y cancelar, por temor a que se roben la plata. Buena parte de la evasión tributaria se fundamenta en la alta corrupción que percibe la ciudadanía y que pareciera ser cosa de nunca acabar.
Adicionalmente, el fenómeno tiene un costo alto para toda la sociedad, en la medida en que incrementan los costos de bienes y servicios para el Estado, además de los efectos en el tema de la moral y la ética pública, que son intangibles y muy dañinos.
El país tiene ahora un nuevo Estatuto Anticorrupción, aprobado recientemente por el Congreso de la República. Hay que destacar que esta fue una iniciativa central del programa de Germán Vargas Lleras, como candidato presidencial y ahora la ha convertido en ley de la República.
La nueva legislación puede ser un instrumento eficaz contra el cáncer de la corrupción, en la medida en que establece una mayor coordinación institucional entre las instituciones encargadas de combatirla.
El estatuto comprende controles en materia de financiación de las campañas, controles en la contratación y en su vigilancia, fortalece las oficinas de control interno, y se elimina el secreto profesional para contadores y revisores fiscales para que puedan denunciar actos sospechosos de corrupción, entre otros aspectos. Algunos expertos consideran que el Estatuto si tiene dientes para luchar contra este flagelo; ojalá y así sea.
No obstante, la lucha contra la corrupción debe ir más allá y requiere un compromiso decidido, de verdad- verdad, del sector privado, y de la ciudadanía en general, a través de las veedurías ciudadanas y el control social participativo. La gente tiene que denunciar y denunciar, hasta el cansancio, todas las conductas y actos sospechosos de corrupción.
Los funcionarios públicos, comenzando por los Alcaldes y Gobernadores que resulten elegidos el próximo 30 de octubre, deben comprometerse a realizar periódicamente un acto de rendición pública de cuentas y a publicar en la red Internet, los procesos de compra y contratación.
Adicionalmente,  se requiere que, en la práctica, se cumpla con las acciones de repetición y la muerte cívica del condenado por corrupción, con el fin de recuperar una ética de lo público y la confianza en las instituciones, hoy por el suelo. Colombia no puede seguir acostumbrada al cáncer de la corrupción, como lo ha hecho con el fenómeno de la violencia. La guerra contra la corrupción debe ser permanente y sistemática y un compromiso de todos.