El reciente caso de Lyan José, ese pequeño cuyo nombre resonó con un eco de angustia en cada rincón de nuestros hogares, no es una pesadilla aislada, sino la punta visible de un iceberg que desgarra el tejido social colombiano: el secuestro infantil.
Este crimen va mucho más allá de la privación de la libertad; es un ataque directo a la esperanza, una herida abierta en el corazón de nuestras familias y comunidades, una fractura emocional que nos obliga a mirar de frente una realidad que muchas veces preferimos ignorar. En este contexto, el 25 de mayo, Día Internacional de los Niños Desaparecidos, no debe pasar desapercibido: es una fecha que nos confronta y nos recuerda que cada niño perdido representa una ausencia irreparable y una deuda moral colectiva.
Al adentrarnos en la realidad del territorio, hay heridas que, lejos de cerrar, se ahondan con el silencio y la incertidumbre. La desaparición de un niño es, quizás, la más punzante de ellas. En el departamento del Cesar, esta dolorosa realidad ha dejado de ser un temor susurrado para convertirse en una cruda estadística y en rostros que nos interpelan desde carteles y redes sociales. Un campanazo reciente, publicado por un importante medio de la región en agosto de 2024, alertaba sobre “la desaparición de varios niños en los últimos meses“, encendiendo las alarmas de una comunidad que siente cómo el miedo se cuela por las rendijas de la cotidianidad.
