Asistí esta semana —como ciudadano preocupado, que es quizá el deber más exigente— a la presentación de los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana 2025 de Valledupar Cómo Vamos. Siempre he considerado este ejercicio como uno de los instrumentos más honestos de los que dispone la ciudad para mirarse sin tanto maquillaje; el cual de manera muy objetiva no pretende halagar a la administración de turno ni satisfacer al pesimismo militante; se limita a preguntar, medir y mostrar. Y cuando una ciudad se atreve a escucharse con datos, es porque algo esencial está ocurriendo.
La ciudadanía ha hablado. Y conviene decirlo desde el principio; hablar de percepción no es hablar de superficialidad. En política pública, la percepción es el terreno donde se consolidan o fracasan las políticas. Una ciudad puede exhibir cifras positivas y, aun así, ser vivida como un espacio hostil. Lo que la encuesta revela —y aquí está su valor— es el estado anímico, racional y simbólico de Valledupar al cierre de 2025.
Si uno quisiera condensar o amalgamar los resultados en una sola idea, podría decirse que la ciudad muestra avances precisamente puntuales, inclusive alentadores, pero arrastra una fractura profunda e insondable entre el orgullo que se siente por ella y la confianza que se deposita en sus instituciones. Hay mejorías estadísticas, sí; pero no todas las cifras positivas equivalen a una sensación de buen rumbo.
El llamado clima de opinión general es, quizá, el quiebre psicológico más revelador. En 2025, el 64 % de los ciudadanos considera que Valledupar va por mal camino. Es una cifra menor que la de 2024 (71,9 %) y que la de 2023 (78,5 %). La tendencia es favorable, nadie lo niega. Sin embargo, sigue siendo una mayoría contundente. Aquí aparece una clave interpretativa que no puede ignorarse o subestimarse: el orgullo por la ciudad aumenta, pero es un orgullo emocional, no institucional. Es el orgullo del arraigo, de la identidad cultural, de la pertenencia simbólica; no necesariamente el resultado de una evaluación técnica de la gestión pública. Valledupar se quiere —y mucho—, pero no se confía plenamente en cómo se gobierna.
La calidad de vida confirma esta paradoja-barahúnda. El 94 % de los ciudadanos se declara satisfecho con Valledupar como lugar para vivir, una cifra notablemente alta. Pero esta satisfacción convive con percepciones igualmente altas de inseguridad, dificultades económicas y baja confianza institucional. Lo que emerge no es una contradicción estadística, sino un fenómeno con tendencia a ser sociológico. El bienestar es más doméstico y cultural que urbano y estatal. La gente encuentra sentido en su familia, su entorno inmediato, sus redes sociales y culturales; no necesariamente en el desempeño del Estado. Se vive bien a pesar de la ciudad, no siempre gracias a ella.
En el frente económico aparecen señales que deberían encender alertas tempranas. Solo el 24 % se reconoce pobre, una caída significativa frente a años anteriores. No obstante, el 54 % afirma que sus ingresos no son suficientes para cubrir sus necesidades básicas. Este dato describe con precisión una clase media empobrecida y frágil: hogares que ya no se perciben como pobres, pero que viven en permanente vulnerabilidad. Desde la economía, esto indica baja capacidad de ahorro y alta exposición al riesgo. Desde la gestión pública, revela un desafío mucho más estructural: no basta con reducir la pobreza monetaria si no se fortalecen las condiciones de estabilidad y movilidad social.
La percepción sobre empleo y emprendimiento refuerza esta lectura. Valledupar no es vista como una ciudad donde sea fácil conseguir trabajo, y aunque el emprendimiento mejora levemente, no se percibe como una vía segura. Lo que predomina es una economía de supervivencia, no de prosperidad. Se resiste, se aguanta, pero no se proyecta.
La seguridad sigue siendo, sin rodeos ni tapujos, el gran talón de Aquiles. El 61,5 % se siente inseguro en la ciudad y el 40,4 % incluso en su propio barrio. Aunque la victimización directa muestra variaciones, el dato verdaderamente grave es otro: la no denuncia aumenta por desconfianza absoluta en la eficacia del sistema. La ciudad no cree que denunciar sirva. Este es un problema institucional de primer orden.
Cuando los delitos no se denuncian, se distorsiona y deslegitima la estadística, así como también se compromete la integridad del sistema de información pública. Las autoridades terminan gestionando una realidad incompleta, fragmentada y subregistrada, lo que dificulta diseñar políticas efectivas, formulación de diagnósticos certeros y, por ende, la eficacia de las políticas de seguridad. En este escenario, la inseguridad trasciende el ámbito estrictamente criminal para convertirse en una crisis de legitimidad institucional. Este fenómeno se ve agravado por la persistente percepción de corrupción y por los niveles críticamente bajos de confianza en el Concejo de Valledupar, una de las expresiones más severas del desgaste democrático que revela el estudio.
Quedan, además, múltiples capas por analizar con mayor acucia; la escasa participación ciudadana en programas de gobierno, el uso incipiente de la inteligencia artificial como herramienta de productividad pública y privada, y una preocupante debilidad en la cultura de lectura. Son temas que no pueden despacharse como secundarios; hablan del tipo de ciudadanía que se está formando y del horizonte de desarrollo que se está construyendo.
La encuesta es, en suma, una herramienta valiosa que la administración debería aprovechar sin defensas ni triunfalismos. No bajar la guardia frente a lo positivo —salud, educación, servicios públicos— y, al mismo tiempo, mirar de frente lo negativo: empleo, seguridad, participación e institucionalidad. Valledupar ha mejorado en lo visible; aún debe hacerlo en lo estructural y, sobre todo, en lo institucional.
En conjunto, los resultados no describen una ciudad en colapso, pero tampoco una ciudad plenamente encauzada. Valledupar parece transitar un umbral delicado. Ha logrado avances visibles en aspectos concretos de la vida cotidiana, pero no ha conseguido traducirlos en confianza institucional ni en horizonte colectivo de largo plazo. La percepción ciudadana revela, así, una forma de estabilidad frágil, sostenida más por el arraigo cultural y las estrategias privadas de adaptación que por la solidez de sus estructuras públicas. El desafío que se impone no es menor; gobernar ya no consiste únicamente en ejecutar obras o mejorar indicadores aislados, sino en reconstruir credibilidad, densificar la vida institucional y restituir la idea de lo público como espacio de sentido compartido.
Valledupar puede tal vez aprender a vivir con sus carencias; lo que no puede hacer indefinidamente es acostumbrarse a no creer en sí misma.
Por Jesús Daza Castro
