Caja, guacharaca, acordeón y la flor del cañaguate de la corrupción pueden ser el corolario de una canción que inspira, sin ser compositor, al economista agrícola y exalcalde de La Paz (Cesar), Jesús Abad Oñate Gutiérrez, para alzar la voz con fervor, orgulloso de un universo que gira alrededor de un folclor, pero también otras cosas de gran valor que parecen irrelevantes, como por ejemplo el hospital Rosario Pumarejo de López de Valledupar, con tanta historia y vivencias, arquetipo en la construcción de altruismo y filantropía. En otrora, génesis del Batallón Bomboná que trazó la ruta inicial del hospital, hoy pasan inadvertidas a la luz de la mediocridad.
Con la más sobresaliente urgencia diferencial de la región Caribe, modernizada física y tecnológicamente en 2022 en el gobierno de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, el hospital da el salto a la principal entidad de salud del Cesar al cabo de más de tres años de intervención por parte de la Supersalud, justo al conmemorar sus 75 años de servicio. Un aniversario de Brillantes, una historia de vida, un acontecimiento que celebra el compromiso y la vocación de quienes han hecho parte de esta institución símbolo de salud y esperanza para el Cesar y la Región Caribe, como Miguel Mora Valderrama, Alcides Martínez Calderón y Gustavo Ariza Cotes, y tantos otros que sería prolijo recordar; porque cuando el olvido borra las letras, enmudecen los recuerdos, citando al Nobel guatemalteco Miguel Ángel Asturias.
“Somos dos alas del mismo pájaro. La simbiósis entre el hospital y la Universidad Popular del Cesar ya comenzó con el proceso para abrir la carrera de Medicina como una extensión de la Universidad de Cartagena, una especie de transferencia para iniciar aquí y culminar allá la carrera. Hemos salvado el presente para que el pasado no destruya la capacidad operativa del hospital”, sentenció el agente especial interventor, José Octaviano Liñán Murgas, quien aclaró, sin embargo, que la dinámica para lograr un hospital universitario es un proceso complejo que requiere documentar y certificar los servicios, además de demostrar la suficiencia patrimonial, nada fácil en razón a la abultada deuda de las EPS y las demandas judiciales que rozan los 75 mil millones de pesos.
