En los últimos años, como abogado, he asumido la defensa de destacados periodistas que ejercen su trabajo como verdaderos valientes, muy necesarios para el departamento del Cesar: José Manuel Vega, propietario del periódico Prensa Libre; Katia Ospino, candidata al Senado de la República; y Jacobo Solano, quien desde Italia ha construido una poderosa cuenta con investigaciones y comentarios de impacto nacional.
Han sido diversas las situaciones que he enfrentado de la mano de cada uno de ellos, empezando por tutelas que buscan la protección del buen nombre y la honra de aquellos que se sienten afectados por los trabajos periodísticos de los periodistas que defiendo.
Con Jacobo Solano y Katia Ospino se ha desarrollado un trabajo interesante y una línea de defensa que permite reconocer su trabajo como un verdadero control a quienes ocupan espacios de poder en el departamento del Cesar, claro está que no basta con una retórica romántica sobre el admirable trabajo periodístico; la defensa que he desplegado en favor de ellos tiene un claro y abundante respaldo de la Corte Constitucional sobre el peso de la libertad de prensa e información, y cómo prevalece al enfrentarse a otros derechos fundamentales invocados por accionantes que buscan esconder las noticias que no les favorecen. Frecuentemente, reclaman protección del buen nombre y la honra.
Teniendo en cuenta la fuerza, ímpetu y la contundencia del lenguaje usado por Solano y Ospino, en ocasiones, esto causa molestia a los protagonistas de sus investigaciones, personas que ocupan altos cargos públicos, políticos poderosos o influyentes contratistas, quienes acuden al papel de víctimas de persecución o ataques calumniosos o injuriosos. Pero resulta que, a pesar de sonar chocante el uso de algunos términos o calificativos, estos no amenazan siquiera el “prestigio” de ninguna persona. Esto es debido al valor de las investigaciones y el significativo aporte que le hacen a la sociedad al revelar la manera como se conducen quienes ejercen “poder”; esto permite que la valoración del trabajo de los periodistas, desde la óptica constitucional, sea más flexible cuando se usan términos que, para algunos, pueden ser ofensivos.
Los videos anónimos, es decir, grabaciones sin mostrar el rostro de quien aparece allí, han sido una herramienta usada especialmente por Solano, al mostrar una denuncia contra políticos importantes de la región. Por esto también acudimos a despachos judiciales y se demostró que era indispensable proteger la identidad del denunciante por tratarse de un indefenso campesino, y que sus manifestaciones podrían despertar retaliaciones de sus denunciados, muy fuertes por cierto. Para la defensa fueron muy útiles los pronunciamientos de la honorable Corte Constitucional donde expone la figura del escrache como forma de blindar en aquellas situaciones en las que un video anónimo permite alertar sobre abusos contra los más débiles o sectores vulnerables de la sociedad como niños, ancianos, minorías, etc.
Con José Vega, periodista que puso a temblar a muchos en el Cesar, la defensa ha sido más intensa. Nos encontramos en el terreno del derecho penal, pero un primer logro fue apartar al fiscal que llevaba la investigación en Valledupar por extorsión. Con una solicitud elevada ante la fiscal general de la Nación, presentamos serios elementos que conectaban al fiscal y su familia con familiares del denunciante, el señor Andrés Arturo Fernández. La fiscal general acogió esa petición y resolvió cambiar el fiscal para preservar la transparencia durante el proceso.
Defender periodistas no se limita a defender individuos, implica defender el derecho de toda una sociedad a estar informada, cuestionar y exigir cuentas a pesar del riesgo de censura y hasta de ser asesinado, como grandes figuras que comprendieron que su trabajo es fundamental para la verdad frente a tantas mentiras de quienes gobiernan.
Carlos Andrés Áñez Maestre
