El anuncio fue hecho el pasado martes 28 de marzo en el auditorio de la Universidad EAN de Bogotá, por el ministro de hacienda, José Antonio Ocampo, la ministra de agricultura, Cecilia López, y el ministro de comercio, industria y turismo, Germán Umaña Mendoza.
Me refiero al millón de créditos que se han comprometido colocar estas tres carteras en la economía popular. Es una noticia alentadora para millones de pequeños empresarios que mantienen a sus familias con una venta callejera, tienda de barrio, sastrería, peluquería o taller, para citar algunos ejemplos. Son todos esos pequeños empresarios del sector urbano y rural que no existen para el sistema financiero del país y que se ven obligados a recurrir a los préstamos con tasas de interés confiscatorias de los “gota a gota”.
También es una noticia esperanzadora para el sector agropecuario, donde el problema de inclusión crediticia es crítico. En el pasado Censo Nacional Agropecuario, el Dane, reveló que, de tres millones de productores encuestados, 2.4 millones dijeron no acceder a créditos del sector bancario. Cifra que corroboran las estadísticas de Finagro. Durante el año 2022, se realizaron solo 430.000 operaciones de créditos para el sector agropecuario. Lo preocupante de este tema, es que, cada cuatro años, vemos la misma fotografía con diferentes actores, los mismos problemas y resultados, por la bendita costumbre de delegar estas responsabilidades en funcionarios públicos que no tienen la experiencia ni el conocimiento en servicios financieros y desconocen el tejemaneje de los negocios en la economía popular.
