Temis se representa vendada porque debe decidir sin mirar la condición del juzgado, solo ponderando hechos y ley. El juez debe ser imparcial y no puede actuar basado en circunstancias, presiones externas, prejuicios, ideología o simpatías políticas. Ahora, cuando hay razones objetivas para considerar que en un proceso se vulneraron el principio de imparcialidad o derechos humanos, no solo es conveniente, sino un deber manifestarlo.
En el proceso contra Uribe ha sido notoria la ausencia de imparcialidad, primero de la sala penal de la Suprema y después de la juez Heredia. Se le procesa y se le condena no como a cualquiera, sino porque es Uribe. La Corte de entonces lo persiguió porque estaba abiertamente enfrentada con él. La juez, por su parte, mostró su sesgo múltiples veces. Muestra paradigmática es acusar de “falta de gallardía” a los hijos del expresidente, mientras que sostiene que Monsalve, el secuestrador en quien se basa el juicio, tiene “valor civil”. Para ella, el ejercicio de los recursos de ley fue “estrategia dilatoria”, la pena es desproporcionada y más severa que la solicitada por la Fiscalía, y priva de la libertad a Uribe alegando que “es necesario para preservar la convivencia pacífica” y que había riesgo de fuga, motivos ambos contraevidentes. Una decisión contraria a la jurisprudencia, que demuestra sevicia y busca impedir que pueda apoyar a sus candidatos en el proceso electoral.
En el juicio hicieron leña del derecho probatorio, y hubo graves vulneraciones a los derechos humanos, entre ellos la aceptación de pruebas obtenidas ilegalmente y la violación a la confidencialidad de las comunicaciones entre abogado y cliente. Además, en las miles de horas de grabaciones no hay una sola frase que demuestre que Uribe cometió un delito.
