Trece policías asesinados en Amalfi. El gobierno estaba advertido sobre la situación de violencia en la zona. El 4 de junio, la Gobernación de Antioquia elevó al Ministerio de Defensa “una solicitud urgente y prioritaria frente al deterioro progresivo y alarmante del orden público en Amalfi [y pidió un] despliegue inmediato y reforzado de tropas”.
A los sobrevivientes al ataque no les brindaron apoyo. Siete de los uniformados murieron abandonados y esperando la asistencia, que no llegó sino en la mañana del día siguiente. “Se fueron muriendo poco a poco”, dijo el secretario de Seguridad de la Gobernación. ¿Cobardía? ¿Incapacidad? Inexplicable.
Además, parte sustantiva de la responsabilidad es de Petro y de la política de “paz total”: durante este gobierno el clan del Golfo y las Farc han crecido un 60 % y un 70 % respectivamente. Peor, los jefes de los asesinos, Calarcá y Chejo, comandante del Bloque Jorge Briceño y de l Frente 36 de las disidencias de las Farc, están libres y tienen suspendidas las órdenes de captura porque el gobierno los designó “negociadores de paz”. Ambos habían sido capturados por el Ejército el año pasado, cuando se movilizaban con armas y municiones en camionetas de la UNP, pero fueron dejados en libertad por orden de Petro y de la Fiscal General. Como si no bastara, el Gobierno se sentó otra vez a conversar con Calarcá al otro día del asesinato. Para rematar, Petro ni siquiera fue capaz de ir al entierro de los asesinados.
