La contingencia operativa imprevista en algunos pozos de Canacol Energy en la Costa generó la semana pasada una restricción de gas para la demanda industrial de toda la región. El evento afectó a tan solo el 4 % de la demanda nacional, pero paralizó la actividad de más de 60 industrias. La situación en la costa Caribe no es muy distinta de la del resto del país, en donde cerca de dos terceras partes de las industrias no tienen combustible sustituto al gas. Esta emergencia se ha sumado a lo ocurrido hace algunos meses en el suroccidente del país para ratificar el riesgo que corre Colombia de no mantener la garantía de suministro de este combustible en el mediano y largo plazo.
Al respecto, hay que insistir en que las reservas probadas disminuyeron un 11 % en el año 2022 frente al 2021, contamos con gas natural para tan solo 7,2 años, la cifra más baja en la historia del país y que debería ser suficiente para que todas las alarmas del sector estuvieran prendidas. Desafortunadamente el Gobierno nacional, en su afán de avanzar en una equivocada, irracional e ideologizada transición energética, se resiste a dar las señales adecuadas para reactivar la exploración y explotación de hidrocarburos en el país.
Lo dicho en cuanto al gas se extiende también a la exploración y explotación de petróleo. Los mensajes del Gobierno siguen siendo muy confusos para el mercado y los inversionistas. Tras el portazo que recibió Petro en la reciente cumbre amazónica al pretender que se aprobara una declaración para prohibir la exploración y explotación de este recurso en el Amazonas, quedó claro que Colombia podría convertirse en el único país en el mundo que renuncia al desarrollo de unos recursos de los que dependen sus ingresos para la atención de las apremiantes necesidades de inversión social. Lo cierto es que nadie en la famosa cumbre le compró a Petro su propuesta de una transición energética exprés y de espaldas a las necesidades de inversión y superación de la pobreza en nuestros países.
