El domingo anterior, durante mi reunión de rutina –semanal- con mis consejeros periodísticos Tíochiro y Tíonan, les entregué una carta solicitándoles la publicaran en esta columna. El documento dice textualmente:
“Queridísimos Tíochiro y Tíonan: estoy seriamente averiado por la decisión del Tribunal de Garantías Electorales (muchos les dicen de picardía) al descabezar mi inscripción a la consulta para rector de la UPC, porque no acredité que tengo cinco años de “vivir” en el departamento del Cesar. Apelé semejante atropello de leguleyos que serían como ventrílocuos y aspiro a que acepten que desde el 2016 soy docente de Tiempo Completo de la Universidad Popular del Cesar y apliquen –como debe ser- el Artículo 9 del Decreto 0019 del 10 de enero del 2012 sobre la prohibición de exigir documentos que se puede probar en la entidad: “Cuando se esté adelantando un trámite ante la administración, se prohíbe exigir actos administrativos, constancias, certificaciones o documentos que ya reposen en la entidad ante la cual se está tramitando la respectiva actuación”.
“En los corrillos de la universidad y los jurisconsultos se sostiene que el Tribunal no remediará la decisión, aunque dos de sus miembros renunciaron, presuntamente porque les querían imponer condiciones”.
“Pero la nostalgia no es mía únicamente, hay otros inscritos con similares impases. Incluso, ya están circulando tutelas y demandas contra las decisiones del “honorable” tribunal. Por el momento, yo no interpondré ninguna otra acción judicial, porque supongo que el tozudo organismo aceptará mi petición”.
