Desde una opinión eminentemente jurídica, luego de conocer los resultados de las elecciones que acaban de pasar, conviene examinar la situación jurídica del excandidato presidencial, quien, como se conoce, está afrontando un proceso penal que se encuentra en fase de juzgamiento, es decir, estará enfrentando un juicio oral.
A Rodolfo Hernández Suárez se le ha investigado y acusado por un delito contra la administración pública ante un Juzgado Penal del Circuito de Bucaramanga. (interés indebido en la celebración de contratos). Y la acusación se le formula a título de determinador, es decir, una especie de “autor intelectual” de esa conducta punible.
Los hechos tienen que ver con un contrato de consultoría que se llevó a cabo entre la empresa de aseo de Bucaramanga EMAB S.A. E.S.P. y una persona natural: Jorge Hernán Alarcón Ayala -Contratista Consultor-. Se afirma que Hernández Suarez determinó al gerente de esa empresa José Manuel Barrera Arias para que suscribiera ese contrato.
