El pasado 29 de julio, el gobierno saliente dejó radicado ante el Congreso de la República, el Presupuesto General de la Nación (PGN), que deberá ejecutar el gobierno entrante para la vigencia fiscal de 2023.
Antes de entrar a analizar la distribución de este presupuesto, quiero expresar mi total respaldo a la propuesta que hizo en días pasados el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, al Congreso de la República, en el sentido de modificar la norma para que sean los gobiernos entrantes quienes se encarguen de estructurar su plan de gastos e inversiones y no el saliente como actualmente ocurre. Por culpa de esta absurda norma, al gobierno entrante le toca recomponer algunos rubros que no se ajustan a su Plan de Gobierno.
Y hablando de cosas absurdas, es increíble que, con semejante déficit fiscal (5.6%), nivel de endeudamiento (50% del PIB), pobreza monetaria (39%) y tasa de desempleo (11%), hayan dejado radicado un presupuesto donde incrementan el gasto de personal y reducen el de inversión. Los colombianos, exigiéndoles una liposucción a la grasa de la burocracia y ellos haciendo todo lo contrario. Para el año entrante, incrementaron los gastos de personal de $40 billones a $44 billones; las transferencias de recursos de la nación a las entidades territoriales para educación, servicios de salud y saneamiento básico, las incrementaron de $49 billones a casi $55 billones y el servicio a la deuda de $71 billones a $77 billones, mientras que la inversión la redujeron de $69 billones a $62 billones. Ahora, el gobierno entrante sugiere aumentar los impuestos para equilibrar el presupuesto. Que yo sepa, ningún país del mundo ha mejorado su déficit, el desempleo ni la falta de crecimiento, con subidas fiscales.
