El pasado miércoles se adelantó en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes, un debate con la ministra de agricultura, Cecilia López, para analizar el alcance de los 23 artículos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo PND 2022-2026, que tienen que ver con el ordenamiento de la propiedad rural, la reforma integral rural y la transformación productiva del sector agroindustrial.
A raíz de ese debate, me di a la tarea de leerme los artículos en mención que vienen incluidos en el PND 2022-2026, Colombia, potencia mundial de la vida. Les confieso que tuve que tomarme dos Red Bull y un par de Dolex, para poder terminar de leer y entender esa nueva y extensa retórica o palabrería que utilizan los burócratas del sector público para echar carreta y evadir responsabilidades, tal como sucedió con el PND 2108-2022, del anterior gobierno, donde ni siquiera fueron capaces de cumplir la promesa de poner a operar la represa del río Ranchería, en La Guajira, para llevar agua potable a 500 mil habitantes de siete municipios e irrigar 18 mil hectáreas para un desarrollo agrícola de exportación. Generalmente, los Planes Nacionales de Desarrollo, como los documentos Conpes, son una lista de buenas intenciones donde la mayoría de los propósitos terminan frustrados porque no dicen cómo implementarlos o no tienen recursos.
Podríamos decir que en este Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la política pública para sector agropecuario está orientada a ponerle orden a la propiedad rural. Para ese propósito, han planteado tres metas bastante ambiciosas en el cuatrienio: i) formalizar 3.9 millones hectáreas para que los pequeños productores del campo tengan los títulos al día de sus predios y así puedan ser sujetos de créditos y de los programas de incentivos del gobierno; ii) adjudicar 2.9 millones de hectáreas a población que hoy están solicitando un predio para desarrollar un proyecto productivo que les permita tener un ingreso digno para sostener a sus familias; y iii) lograr una cobertura del catastro multipropósito del 70% en los municipios rurales del país. Claramente, para concretar estas metas, el gobierno tendrá que garantizar el presupuesto y cambiar la engorrosa normatividad existente. El gobierno Duque fracasó en estos programas, por no hacer caso a esta advertencia.
