Por: José Félix Lafaurie Rivera
El fallo de la Corte Constitucional, aún pendiente, por las demandas que pesan contra el “Marco Jurídico para la Paz”, tiene la delicada prerrogativa de definir la suerte de las negociaciones en La Habana. Supone el ciudadano del común, que se ratificarán los principios constitucionales que rigen actualmente nuestro Estado de Derecho y los compromisos asumidos en tratados internacionales, que protegen a las víctimas y tutelan sus derechos a la verdad, justicia y reparación. Un reconocimiento en el que esta sociedad no puede transar por razones morales y legales.
Sin embargo, recientemente se han escuchado voces que pretenden convertir los diálogos en una oportunidad, para levantar salvaguardias al lavadero de atrocidades cometidas por las Farc y permitir que este grupo narcoterrorista pueda hacer política, sin pagar un solo día de cárcel por sus graves crímenes y sin resarcir a las víctimas. No será fácil. El alcance del “Bloque de Constitucionalidad” que nos gobierna es claro. Hace compatibles los deberes y derechos consagrados en la Carta del 91, con los convenios o tratados internacionales sobre derechos humanos que hemos ratificado.
