Como es bien sabido, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, radicó en el Congreso de la República el proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) para la vigencia de 2026, aforado en un monto de $556.9 billones, equivalente al 28.9 % del PIB, con un incremento del 9 % con relación a los $511 billones de la actual vigencia y del 14.1 %, si se excluye el rubro de servicio de la deuda.
Concomitantemente presentó también a su consideración un proyecto de ley de financiamiento contentiva de una reforma tributaria con el fin, según el, de que “se discuta paralelamente con la propuesta de PGN”.
Se repite la historia de hace un año cuando se presentó el proyecto de ley de presupuesto de este año con un desfinanciamiento de $12 billones y se intentó infructuosamente que el Congreso de la República le aprobara una ley de financiamiento por ese mismo valor para tapar el hueco. Ante la negativa del Congreso, el presidente de la República terminó decretando el PGN de la actual vigencia, viéndose compelido a decretar el congelamiento de dicha suma para equilibrar el presupuesto. Pero esta vez el monto del faltante es más del doble de dicha suma, ahora asciende a la suma de $26.3 billones, los cuales se pretende recaudar con la socorrida ley de financiamiento.
