Ejercer una profesión en la administración pública es, sin duda, una experiencia transformadora. Permite mirar de frente las heridas de una comunidad, comprender sus carencias, sus urgencias y sus esperanzas. Allí confluyen profesionales valiosos: los elegidos por el voto popular, los nombrados, los seleccionados por concurso o los contratistas que, desde distintos frentes, asumen la responsabilidad de servir.
Pero más allá del tipo de vinculación, hay algo que todos comparten: el riesgo constante. Y esos riesgos, muchas veces, no son simples preocupaciones; son verdaderas migrañas que no dan tregua.
En lo público no basta con cumplir funciones, metas o indicadores. No se responde únicamente ante un jefe, un supervisor o una junta directiva. Se responde ante auditorías de contralorías, cuestionamientos de fundaciones, ante periodistas inquisitivos, columnistas necios que señalan, preguntan y exigen explicaciones en escenarios mediáticos que pueden convertirse en verdaderos tribunales paralelos.
Y como si eso no fuera suficiente, siempre está latente la posibilidad de un proceso disciplinario o penal. Allí comienza, para muchos, una auténtica tragedia silenciosa: citaciones que estremecen, declaraciones que desgastan, visitas a despachos judiciales, señalamientos que se expanden como sombras. Situaciones que no solo comprometen la reputación profesional, sino que golpean profundamente la salud mental.
Quien ha sido vinculado a uno de estos procesos sabe que la mente se convierte en un campo de batalla. El 90 % de los pensamientos se concentran en escenarios catastróficos: la destitución, la exposición pública, la pérdida del buen nombre, incluso la privación de la libertad. El miedo no siempre se dice en voz alta, pero se instala en silencio y consume.
Con esa carga es fácil que el nerviosismo altere la percepción de la realidad y que el desempeño laboral se resienta. Pero el impacto no termina en la oficina. Llega al hogar. Se filtra en las conversaciones familiares. Se traduce en fatiga, en ausencias emocionales, en la incapacidad de disfrutar los momentos sencillos. Poco se habla de las lágrimas discretas que provoca el peso de la función pública. Poco se habla del cansancio moral que se soporta sin testigos.
Alguna vez escuché a un abogado decir: “Uno puede estar seguro de que no cometerá un delito; de lo que no puede estar seguro es de que nunca tendrá un proceso penal”. En el ámbito público, esa frase adquiere una fuerza casi lapidaria. Son innumerables las decisiones que se toman bajo presión, las firmas que se estampan con tiempos apremiantes, las circunstancias extremas que obligan a elegir el menor de los males. Y sin ánimo de dañar el patrimonio público ni de incurrir en falta alguna, de pronto se está frente a un fiscal, un procurador o un contralor.
No pocos deciden apartarse de la administración pública por esta razón. Otros continúan su vida profesional, pero con la inquietante expectativa de ser llamados algún día a rendir cuentas por decisiones del pasado. Es una carga silenciosa que muchos soportan sin hablarla, aunque constituye uno de los problemas de salud mental más frecuentes que no notamos, pero que a puerta cerrada muchos lo sufren.
Por Carlos Andrés Áñez Maestre.
