Llegamos a la cita a la hora señalada en el correo. El lugar era un salón extenso con un escritorio donde nos esperaba un joven fiscal y, a su derecha, un señor con una gorra del CTI. Se trataba de un interrogatorio, y el citado me había buscado para acompañarlo. Esta diligencia, de naturaleza judicial, no puede desarrollarse si la persona no se presenta con un abogado.
Se trataba de una investigación por uno de esos llamados delitos informáticos que nos ha obligado, en el ámbito del derecho, no solo a hablar de normas, sino también de extranjerismos como phishing, smishing, vishing y todas esas modalidades que los piratas de la tecnología usan para apropiarse de los datos de las personas y robar sus cuentas o adquirir productos de manera fraudulenta.
El fiscal fue muy rudo y, en lugar de formular las preguntas del interrogatorio, se dedicó a intimidar a mi representado. En todo momento, le insistía en que tenía la certeza de que era parte de un grupo de personas que se encargaban de penetrar sistemas de entidades públicas y transferir dineros a cuentas de terceros y lo sentenció diciéndole que, si no le suministraba información sobre las otras personas involucradas, regresaba la semana siguiente con órdenes de captura.
