Por Oscar Ariza Daza
La expedición o renovación de licencias de conducción en Colombia se ha convertido en un negocio redondo para quienes ven en lo torcido una posibilidad de obtener dividendos ante la falta de control del Estado que a través del Congreso crea leyes con buena intención, pero en lugar de facilitar la vida a los ciudadanos, termina envolviéndolos en confusiones que son aprovechadas por los avivatos para timar, afectar el bolsillo y la seguridad de la población.
A pesar de las regulaciones que establece la ley 1383 de 2010 que claramente pone de manifiesto la necesidad de unificar el formato de las licencias de tránsito y los mecanismos para hacerlo, hoy la incapacidad del Estado para ejercer control sobre las prácticas que deben apuntar a la expedición legal de una licencia de conducción, ha hecho que el negocio de expedición ilegal, disfrazado de legalidad, produzca tanto riesgo de accidentalidad y muerte como las vergonzosas carreteras llenas de huecos y mal señalizadas por las que tenemos que transitar.
