Las comisiones económicas del Congreso, Terceras y Cuartas, en sesión conjunta, aprobaron en primer debate el presupuesto general de la Nación para el 2024, por un monto de $502,6 billones: $308,7 billones se destinarían a los gastos del funcionamiento del Estado, $94,5 billones para el servicio de la deuda y $99,3 billones en inversión.
Desde el 2015 ya no son los gastos de defensa y seguridad los más voluminosos en el presupuesto. A partir de ese año, el presupuesto de educación ha sido el mayor. Ahora no es distinto. Educación contará con $70,4 billones, salud tendrá $61,5 billones y defensa $55,5 billones. Comparto las prioridades, pero me pregunto si el presupuesto asignado es suficiente en un país en el que la violencia y la inseguridad se agudizan cada día y que está ahogado en coca, 230 mil hectáreas, y produce más cocaína que nunca en su historia, 1.738 toneladas.
Por otro lado, el presupuesto estaría desfinanciado en $28,3 billones en tanto que contempla ingresos por litigios de la DIAN por $15 billones e ingresos por resultados en la lucha contra la evasión por $13,3 billones. Ocurre que los pleitos tributarios se resuelven usualmente en ocho años y que no hay certeza alguna sobre su resultado. Sobre el combate a la evasión ha habido una contradicción de fondo: a la DIAN le entregaron solo cien mil millones de los trescientos mil solicitados para ampliar su planta. Se esperan más resultados, pero no se le dan las herramientas para conseguirlos. El hueco puede ser gigantesco: $28,3 billones es un 30 % más que todo el recaudo adicional esperado para este año de la reforma tributaria del 22, que se calculó en $22 billones.
