Nuestro Congreso de la República es un antro de corrupción, y esperar que cumpla a cabalidad con su función constitucional es tanto como pedirle peras al olmo, más tratándose de proyectos de ley presentados por un Gobierno, que no cuenta con mayorías parlamentarias, y que tampoco ha logrado una coalición que le garantice la aprobación de las reformas sociales que prometió y por las cuales se hizo elegir.
Es por ello, que luego de insistir en la aprobación de la reforma laboral, sin resultados plausibles hasta el momento, el Gobierno del Cambio, opta por el mecanismo constitucional de la Consulta Popular, que consiste en preguntar al electorado, si está de acuerdo o no, en un tema que se considere de vital importancia, debiendo obtener para su aprobación la tercera parte del censo electoral, algo más de 13 millones de sufragios, lo que representaría una verdadera proeza, si se tiene en cuenta que dicha cifra supera los votos obtenidos por Gustavo Petro, en la campaña presidencial del año 2022.
De otra parte, los antecedentes de este ejercicio democrático no son buenos, pues el referendo presentado en el 2003 por Álvaro Uribe Vélez, sufrió un estruendoso fracaso, al igual que la consulta anticorrupción promovida por Claudia López Hernández, y la consulta por la aprobación del acuerdo de paz, en el Gobierno Santos. Asimismo, tenemos que la financiación de la Consulta estaría alrededor de los 500.000 millones de pesos, suma que bien pudiera invertirse en obras de interés prioritario; además, los tiempos para el trámite de la Consulta en el Congreso, sumado al control constitucional que debe ejercer la Corte Constitucional, y el tiempo que tomaría la campaña para promover su aprobación, son relativamente cortos, y ello pone en serio peligro el éxito de la misma.
