Es verdaderamente indignante ver cómo el gobierno Petro ha construido una estructura perversa que pretende la impunidad total para los delincuentes. Sin duda esta estructura es la factura que debemos pagar los colombianos a cambio del apoyo de criminales a la campaña presidencial del Pacto Histórico.
Todos recordamos las grabaciones difundidas por radio en las que capos del narcotráfico y jefes de las principales bandas criminales invitaban a familiares y amigos a votar por el cambio. Y también vimos las imágenes en las que Juan Fernando Petro, hermano del actual Presidente, el mismo que ahora exige camioneta blindada y se abroga la designación de Danilo Rueda como comisionado de paz, entraba a La Picota “como Pedro por su casa”, para reunirse con hampones de cuello blanco que desangraron las arcas del estado a punta de entuertos y contratos adjudicados a dedo a amigos y testaferros. Así habló con varios de esos señores, de los que nadie quiere acordarse, para pedirles apoyo para la campaña de su hermano, a cambio de beneficios que les permitiesen salir de la cárcel y lavar los dineros de los que se apropiaron de manera abiertamente ilegal.
Pareciera que Colombia renunció a ser un estado social de derecho desde el 7 de agosto del 2022. La constitución y la ley se han relativizado, el ejecutivo intenta a toda costa imponerse por medio de decretos y quienes infringen las normas, que han sido establecidas para vivir en comunidad, en orden, para proteger los derechos de todos, se ven premiados descaradamente.
