Otro proyecto que se ha presentado por el Gobierno del presidente Petro, tiene por título “Por la cual se establecen mecanismos de sujeción a la justicia ordinaria, garantías de no repetición y desmantelamiento de estructuras armadas organizadas de crimen de alto impacto y se dictan otras disposiciones”.
Dígase de entrada que no es un proyecto de impunidad ruidosa, sino un desarrollo puntual y concreto de la Ley 2272 de 2022 que tiene como objeto definir la política de paz como una política de Estado. La impunidad es no sanción, aquí habrá sanción penal y encarcelamiento efectivo. Esto último es lo que la sociedad vengativa siempre reclama. Ojo por ojo, diente por diente de la edad media.
El proyecto se enmarca en otra experiencia de justicia transicional, como lo ha sido la Ley 975 del 2005 -Por la cual se dictan disposiciones para la reincorporación de miembros de grupos armados organizados al margen de la ley, que contribuyan de manera efectiva a la consecución de la paz nacional- propuesta en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez.
