Defiendo la protesta pacífica sin reservas, porque es la forma en que una democracia escucha a quienes no tienen otro medio. Por esa misma razón me incomoda que sea confundida con otra cosa: la de quienes aprovechan una marcha para destruir, agredir o bloquear sin límite alguno, muchas veces escondidos tras una capucha.
Junto con su memoria justificativa, estudié el proyecto de decreto que publicó el Gobierno para comentarios, que modificará el Decreto 003 de 2021. Tiene cosas buenas. Establece que la violencia que aparece desde el inicio de una marcha no debe esperar a que se agote el diálogo con todos los manifestantes. Prohíbe la fuerza potencialmente letal para defender bienes. Obliga a las autoridades a dejar constancia escrita de cada decisión, a publicar en 72 horas un balance de heridos y bienes afectados. Y regula los bloqueos de vías con el estándar de la Corte Constitucional: no se disuelve una manifestación por simples molestias, sino cuando la perturbación es grave, inminente y no existe un medio menos lesivo.
Pero tiene un vacío de fondo: casi todo recae sobre las autoridades. No hay un solo estímulo para quienes convocan marchas pacíficas, ni una herramienta seria para aislar a quienes las manchan, ni una regla para reunir pruebas contra quien destruye. Los propios considerandos prometen «medidas de registro audiovisual» que ningún artículo desarrolla.
