Señor presidente Abelardo de la Espriella, le escribo con el respeto que merece la dignidad de su investidura.
Viendo el video de su llegada a San Andrés, delante de oficiales de la Armada, de escoltas y de cámaras, usted regañó a la gobernadora y a una representante a la Cámara, y de paso mencionó los negocios del esposo de una de ellas. No era la primera vez que había una actitud similar de su parte. Antes pasó algo parecido con el alcalde de Sincelejo, los rectores de las universidades de Córdoba y La Guajira, funcionarios de Arauca, entre otros. Y le confieso que cada vez que veo una de esas escenas pienso lo mismo: así no se pone orden, señor presidente; tiene que serenarse.
No dudo de su indignación. Yo también la siento. Estamos de acuerdo en lo fundamental: los recursos públicos son sagrados, y quien se los roba le quita la comida, la salud y la escuela a la gente. Pero usted es el presidente de la República y tiene en sus manos todo el poder legítimo del Estado. No necesita poner a nadie en la picota pública para hacer justicia.
Si usted tiene pruebas de lo que dice, preséntelas ante los órganos de control y judiciales para que hagan su trabajo. Así la sanción llega por un proceso y la verdad no queda a merced de la rabia de un día. Y si el señalado resulta inocente, ninguna rectificación le devolverá el buen nombre que perdió frente a todo el país.
Le pregunto con todo respeto, señor presidente. ¿No le parece que, si los órganos de control y judiciales cumplieran su deber de manera efectiva y oportuna, estaríamos en una situación muy distinta? Entonces, ¿por qué no les habla a ellos de la misma forma? Si alguien merece un llamado enérgico del jefe de Estado, es quien tiene el deber de investigar y sancionar y no lo hace, o lo hace tarde y mal.
