Después de 60 días en el poder, las fuerzas políticas que llevaron a Gustavo Petro a la presidencia se mueven estratégicamente por todo el país en busca de conformar alianzas que les permitan acceder a los espacios territoriales que hoy están en manos de las mismas estructuras de siempre o lo que comúnmente conocemos como “barones electorales” o “gamonales políticos”, que no son más que familias que, a través de los años, han sabido ubicarse estratégicamente en la mayoría de las entidades estatales o de control para acceder al presupuesto y así mantener vigente su poder político.
Las condiciones esta vez serán muy especiales puesto que la puja por controlar la mayor cantidad de gobernaciones y alcaldías será con el acelerador a fondo, pues el escenario del 2019 versus 2023 tendrá como ingrediente principal un gobierno progresista que buscará agitar y promover los liderazgos políticos desde las bases populares, organizaciones afros e indígenas, sindicatos, comunidades minoritarias como las mujeres y los grupos LGBTIQ+ entre otras muchas manifestaciones democráticas que sienten en esta oportunidad que les llegó la hora de participar abiertamente en sus territorios y acceder al poder local y regional.
Sin embargo, a pesar del mapa político que dejó el proceso electoral de octubre de 2019, lo sucedido en marzo de 2022 con la elección del nuevo Congreso de la República, el cual mostró un enorme rechazo de los ciudadanos a las fuerzas políticas de antaño, y posteriormente los resultados de junio de este mismo año con la elección de un presidente de izquierda, podría ser el detonante para que en algunas o en la mayoría de las regiones, controladas aún por las fuerzas descritas anteriormente, se convierta en oportunidad para que otras fuerzas armen movimientos de “Tocon” (todos contra..) y para el caso de Valledupar y el Cesar esta tendencia no será la excepción.
