Lo dijo y lo cumplió. El presidente Petro no se anda con vueltas para llevar a cabo lo que dice, independiente de las consecuencias que tengan sus decisiones. Son sus convicciones y así procede.
Mediante el decreto 227 y con base en los artículos 370 de la Constitución y 68 de la Ley 142, el presidente retomó las funciones de regulación de los servicios públicos para la definición de las tarifas que la ley le ha delegado a las Comisiones de Regulación de Agua Potable y a la de Energía y Gas.
El argumento central de la decisión del presidente está en que, de esa forma, va a garantizar el poder adquisitivo de los hogares colombianos, sobre todo porque el panorama inflacionario está muy complejo para que sea controlado en corto tiempo y ninguna plata le alcanza a la gente.
