Se está configurando una especie de tormenta perfecta que acecha al Sistema eléctrico, que podría llevar a un racionamiento de energía entre enero y marzo de 2025, el cual podría anticiparse como lo ha reiterado el Contralor en un reciente pronunciamiento suyo. Su advertencia es clara: “Si el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Minas y Energía, así como las demás entidades competentes como la Superintendencia de Servicios Públicos, no toman las medidas y decisiones pertinentes, la situación financiera de los prestadores puede generar una inminente cesación en la prestación del servicio de energía, perjudicándose los usuarios”.
Se refirió él fundamentalmente a la acuciante situación financiera a la que estaban expuestas las empresas prestadoras del servicio de energía debido al lastre que les significa la suspensión del cobro de la deuda contraída por los usuarios por concepto de la opción tarifaria, que ronda los $5 billones, pues a pesar del anuncio del presidente de la República Gustavo Petro y su ministro de Minas y Energía en el sentido de que el Gobierno Nacional asumiría dicha deuda, aunque sólo la correspondiente a los estratos 1, 2 y 3, que asciende a $2.8 billones, hasta la fecha aún está en veremos.
Y, para agravar la situación, el Gobierno Nacional le adeuda a las empresas prestadoras del servicio de energía la suma de $1.7 billones por concepto del subsidio al consumo de los estratos 1, 2 y 3, los cuales le han sido descontados en sus facturas y el Gobierno Nacional nada que se los reintegra. El ministro de Minas y Energía Andrés Camacho se limita a decir que su despacho ya los liquidó y que está a la espera de que el Ministerio de Hacienda los gire.
