Mientras escribía esta columna, se conmemoraba un año más de aquel 6 y 7 de noviembre de 1985, es decir 37 años desde aquel fatídico momento en el que un comando del grupo insurgente Movimiento 19 de Abril o M-19 como se le conocía por sus siglas, en un acto demencial se tomó a sangre y fuego las instalaciones del entonces Palacio de Justicia, ubicado en pleno corazón de la capital del país, el saldo de muertos fue: 11 magistrados de la Corte Suprema de Justicia, incluido su presidente el Dr. Alfonso Reyes Echandía, 20 funcionarios del palacio entre magistrados, auxiliares y abogados asistentes, seis empleados de la planta administrativa y cinco de la cafetería sin contar los miembros de la policía, ejército y civiles.
Los que no habían nacido para ese año o apenas estaban en brazos, hoy son padres de familia, profesionales, incluso jueces, militares, abogados o de otra profesión que se han enterado de esta historia a través de informes que se han producido sobre el hecho, varias series de televisión o documentales extraordinarios, pero con un ingrediente principal en la mayoría de los casos y es la de contar una parte de la historia y responsabilizar a la otra como la narrada por la serie ‘Escobar, El Patrón del Mal’, la cual es una extraordinaria producción que si bien cuenta con lujo de detalles algunos aspectos de la historia del narcotráfico y de la violencia de los ochentas y noventas y su infiltración a todas las instancias del poder del estado, omite muchas verdades sobre el mismo hecho.
La realidad es que tanto la toma del palacio, por parte del M-19, es y será un acto demencial que merece la condena y el repudio de todos los colombianos, también el desproporcionado y también demencial acto de retoma del mismo con una fuerza de más de 3.800 unidades que incluyeron, vehículos, tanques, armas de guerra, explosivos, rockets, estos últimos causantes del incendio del edificio y el desenlace que terminó en una carnicería con el balance de muertos y desaparecidos que le costaron al estado colombiano una condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sobre la cual debió pedir perdón públicamente.
