El Gobierno nacional expidió el Decreto 2113 para declarar la situación de desastre en todo el territorio nacional por el término de doce meses, con base en las facultades previstas en la Ley 1523 que adoptó la política de gestión del riesgo de desastres y estableció el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres.
Con esto el Gobierno queda facultado para llevar a cabo “ocupación, adquisición, expropiación, demolición de inmuebles e imposición de servidumbres; reubicación de asentamientos, solución de conflictos, moratoria o refinanciación de deudas, suspensión de juicios ejecutivos, créditos para afectados, incentivos para la rehabilitación, reconstrucción y el desarrollo sostenible; administración y destinación de donaciones y otras medidas tendientes a garantizar el regreso a la normalidad”, y los saldos presupuestales no ejecutados de otras entidades serán trasladados a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) con el fin de disponer de los recursos necesarios que permitan enfrentar esta tragedia.
Pero es que al analizar las razones que llevaron a tomar dicha decisión, es cuando realmente se cae en cuenta de la dimensión de lo que estamos viviendo en el país, y que los residentes en las comodidades de las ciudades no alcanzamos ni a sospechar. Solo hay que revisar las consideraciones del decreto para conocer el inventario del desastre.
