El reciente fallo de la Corte Constitucional en materia de imposición de sanciones por parte de la Procuraduría General a los servidores públicos elegidos popularmente ha abierto un debate mucho más profundo que la materia que pretendía resolver, esto es, la supervivencia misma de la PGN.
Quiero recordar que a raíz del fallo del entonces procurador Alejandro Ordóñez contra el alcalde Petro, este último solicitó a la Corte Interamericana la protección de sus derechos y logró un fallo favorable de este organismo internacional, lo que a su vez abrió el debate sobre la competencia o no de la Procuraduría para disciplinar y sancionar a gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y, por supuesto, congresistas. Esta discusión nunca había existido y fue así como por años fueron suspendidos, sancionados, destituidos e inhabilitados centenares de funcionarios por acción de este ente de control.
Para recoger en nuestro ordenamiento jurídico el contenido de este fallo se expidieron la Ley 1952 de 2019 y la 2094 de 2002, que reformó la Procuraduría y que a su turno creó la ‘bicocada’ de 1.050 cargos adicionales.
